domingo, 27 de septiembre de 2009

DECIMOSEXTA OBVIEDAD: Sobre la educación, la enseñanza y Don Gaudencio

La presentación por parte de Esperanza Aguirre de su proyecto de Ley de Autoridad del profesor y la agresión perpetrada por el padre de un alumno a la directora de un colegio de Madrid, han puesto de actualidad el tema de la formación de nuestros jóvenes. Y empleo el término formación de una manera deliberada, pese a que el más utilizado en el debate sobre estos temas ha sido el de educación. Y es porque creo que en el colegio se recibe y los profesores imparten enseñanza y la educación debe recibirse en casa, impartida por los padres o las personas a cargo de quienes estén los niños o jóvenes. Por supuesto que ambas afirmaciones no son absolutas, ya que la enseñanza lleva incardinada una parte de educación y esta, a su vez, de enseñanza, pero fundamentalmente ese es el reparto de funciones. Y el conjunto de ambas, la enseñanza y la educación, con el añadido de las experiencias personales de los jóvenes, sus vivencias, dan como resultado la formación de los mismos.
Y el gran problema es que la formación de nuestros chicos, de aquellos de los que dependerá el futuro de España, es sumamente deficiente.
En lo que respecta a la educación, los padres –que en un porcentaje importante ya presentan un déficit en la misma- no disponen, en general, de mucho tiempo para dedicarles a sus hijos, sobre todo en aquellas familias en que los dos trabajan, y esperan que la mayor parte del trabajo de educar a los chicos corra a cargo de los centros docentes por los que pasan, empezando por las guarderías. Algunos fracasos educativos son de tal magnitud que, por ejemplo, el pasado año 4.200 padres llegaron a tal situación límite con sus hijos que los denunciaron porque no sabían como solucionar su problema con ellos. Es de imaginar que estos chicos tampoco serían muy respetuosos con sus maestros.
En lo que se refiere a la enseñanza, las leyes que la han regulado han seguido un camino tortuoso que nos ha conducido al fangoso pantano en el que ahora estamos semihundidos y atrapados y del que tanto nos va a costar salir –tiro de optimismo y asumo que saldremos-. De las diversas leyes que sucedieron a la Ley General de Educación (LEG) de 1970, postrimerías del franquismo, las más significativas son las siguientes:
-La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, precursora, preámbulo e introducción a la LOGSE.
-La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España (LOGSE), de 1990, introdujo, entre otras cosas, la descentralización de la enseñanza, permitiendo que las CCAA incorporaran contenidos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), nominalmente entre los 12 y los16 años, la idea de que la enseñanza iba a ser integral, acogiendo la igualdad de sexos y las educaciones ambiental, vial, para la salud, para la paz y del consumidor. Hermoso, como también la atención a la diversidad, que se traducía en que como había gente con menor capacidad de comprensión que otros, en lugar de animarles a que se esforzaran algo más, entendieron que era mejor exigir menos y de este modo igualar en los niveles mas bajos. Trajo también el Consejo Escolar, que integrado por profesores, padres y, en su caso, alumnos, intervendrá en el control y gestión de los centros e, incluso, elegirá al Director entre los profesores del centro. Y para dar una mayor idea de modernidad introdujeron nuevos términos que alumnos y padres debieron aprender, como, por ejemplo, “curriculo” y “desarrollo curricular”, para sustituir a los conocidos y, al parecer, trasnochados, “plan de estudios” y “programa de la asignatura”, respectivamente.
Los resultados de esta ley han sido bastante negativos. Un par de pruebas de ello: el último informe de la OCDE con los índices internacionales en materia educativa, que sitúan a España en los últimos lugares, con la mitad de alumnos que interrumpe su formación en el nivel de enseñanza obligatoria, muy por encima del 31% de media de la OCDE; la otra perla demostrativa del nivel general, en este caso con el lastre adicional de la prioridad de la lengua que consideran vernácula y la marginación del español, figura en la enmienda recientemente presentada en el parlamento vasco por diputados de PNV e IU, que pide “aprovar” ayudas para “hinundaciones”.
-El año 2002 el Gobierno del PP alumbró la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que pretendía fomentar entre otros valores los del esfuerzo y la disciplina en el aula y tomaba en consideración las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Fue anulada por el PSOE a poco de su llegada al poder.
-El año 2006 el Gobierno promulgó la Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en vigor. SE trata de una reedición de la LOGSE, con el aditamento de algunas perlas como la desaparición de la religión católica de la educación primaria y la introducción como nueva asignatura obligatoria de la Educación para la Ciudadanía -y los Derechos Humanos- desde el ciclo de educación primaria.
La verdad es que esto de la Educación para la Ciudadanía no es una novedad para mí. Yo también tuve que cursar una asignatura similar en objetivos –imbuir en los alumnos las ideas y forma de pensamiento que el Gobierno consideraba políticamente correctas- que entonces se llamaba Formación del Espíritu Nacional y que los alumnos denominábamos, para simplificar, Política. Afortunadamente, casi nadie la tomaba muy en serio, hasta el extremo de que junto con Religión y Gimnasia formaban “las tres Marías” que nunca eran un obstáculo para pasar curso, porque el suspenso de alguna de ellas se convertía en aprobado si suponía amenaza de repetición de curso.
Pero este Gobierno sí parece haber tomado muy en serio su Educación para la Ciudadanía, hasta el extremo de que se opone tajantemente a la objeción de conciencia sobre la misma, algo comprensible en una dictadura pero irracional en una democracia.
-Con el viento a favor de la ley nacional de enseñanza en vigor y del alto nivel de autogobierno obtenido, la Generalidad de Cataluña y su Parlamento han parido una nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) que dictamina que es necesario que los niños se eduquen en “el cultivo del sentido de pertenencia como miembros de la nación catalana” y atribuye autonomía absoluta a la Comunidad para gestionar su modelo de enseñanza y en su objetivo de erradicar el español veta la tercera hora de este en los colegios.
Todo este camino recorrido cuesta abajo nos ha traído hasta la actual situación: pérdida de valores, desprecio del esfuerzo y de la excelencia y extensión de ese desprecio a los profesores, cuya autoridad no se respeta.
El sindicato ANPE creó en 2005 un organismo denominado Defensor del Profesor, al que podían llamar para informarle de sus problemas. En el curso 2007-2008 se recibieron 3.419 llamadas, exponiendo problemas de los cuales los más frecuentes eran: imposibilidad de impartir clase (40%), denuncias de padres (24%), acoso y amenazas de alumnos (17%), acoso y amenazas de padres (15%) y agresiones sufridas de alumnos (8%).
No hay que ignorar que una parte de los profesores han ayudado en alguna medida a llegar a esta situación practicando el colegueo y proponiendo o aceptando el tuteo.
Y pensando en esto Don Gaudencio se abrió paso en mi memoria. Don Gaudencio fue uno de mis profesores entre los 12 y los 14 años. Era bajito y delgado, pero normalmente le bastaba con levantarse de su asiento, carraspear y levantar una mano reclamando silencio para que la clase se lo prestara. Nos trataba de usted y lo hacía con respeto incluso cuando te llamaba la atención, lo que no evitaba que alguna vez se permitiera bromear sobre algo. Pero por encima de su sonrisa sus ojos mantenían y ponían de manifiesto que la autoridad era suya. Y si alguien eventualmente no respetaba esa autoridad, hacía lo que el resto de profesores: acompañaba al “insurgente” al despacho del director, Don Anselmo, hermano de Don Gaudencio y última instancia disciplinar en el colegio. Don Anselmo tenía tres niveles disciplinarios: la severa reconvención, la bofetada y, el más temido, la nota informativa a los padres que debía ser devuelta con la firma como enterados de estos. Yo era un poco inquieto por entonces y recibí una bofetada en un par de ocasiones, algo que mis padres ignoraron porque estaba seguro de que no iban a ponerse a mi favor e incluso podía haberme caído algún castigo adicional de su parte.
Pero ahora la autoridad parece haberse perdido junto con los valores. Y la Ley de Autoridad del profesor, cuya presentación ha anunciado Esperanza Aguirre, pretende recuperarla convirtiendo a los profesores en “agentes de la Autoridad” y obligando a los padres a firmar de conformidad los reglamentos normativos que rigen en el colegio de sus hijos.
El anuncio de la nueva ley ha tenido una excelente acogida por parte de profesores y padres y Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, la considera necesaria para volver a educar en el respeto, los valores y el esfuerzo. Y el ministro de Educación, Angel Gabilondo, entiende que la Ley de Autoridad del profesor debe estar en el pacto educativo que quiere proponer y por el que se ha comprometido a trabajar. Amén, que quiere decir “así sea”.

martes, 15 de septiembre de 2009

DECIMOQUINTA OBVIEDAD: Sobre la inmigración

Empecemos por sentar dos principios: El primero es que España necesita de la inmigración. Con nuestra baja tasa de natalidad y una población en envejecimiento creciente, solo la incorporación de gente joven hará nuestra sociedad viable en el próximo futuro. El segundo es que no vale cualquiera ni en cualesquiera condiciones para conseguir el efecto deseable, lo que implica la necesidad de una inmigración legal y controlada. Hace mucho tiempo que Europa lo tiene claro y ya la Convención de Dublín de 1990, que daba cuerpo a los Acuerdos de Schengen, se marcaba como objetivo básico la lucha contra la inmigración ilegal a través de la cooperación policial y las autoridades aduaneras y ponía en marcha en marcha un mecanismo de información comunitario e incluso un sistema automático europeo de regulación de huellas dactilares. Y es que ya entonces Europa miraba y sufría la inmigración como un problema. En España no era un tema preocupante por lo reducido del número de inmigrantes. En 1991, con una economía nacional poco boyante, los extranjeros censados eran 360.655, el 0,91% de la población total. Pero, con una economía sensiblemente mejorada, en 2003 el censo registraba 2.664.168, el 6,24%. Y luego llegó el Gobierno de Zapatero y el ministro Caldera llevó a cabo una regularización que, según él, iba a ser la envidia de Europa –aunque toda la Unión Europea la criticó duramente- y que unido al boom inmobiliario produjo un efecto llamada que ha elevado el censo de extranjeros en el presente año a 5.598.691 personas, el 12% de la población total. Como se calcula que hay aproximadamente millón y medio de inmigrantes ilegales no censados, el total de extranjeros en España se eleva aproximadamente a 7 millones, el 15% de la población total. Y como la economía nacional está actualmente en depresión y la perspectiva es que en el próximo futuro empeore, la cifra de 7 millones representa un lastre y una fuente de problemas. Un factor que es importante tener en cuenta es la, en general, baja capacitación profesional de nuestros inmigrantes, al menos la que se desprende de su ocupación laboral: en 2005, por sectores profesionales, los servicios ocupaban el 59%, la construcción el 21%, la industria 12% y la agricultura 8%. La procedencia también es un factor indicativo: Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 30.06.2009, las tres primeras posiciones del ranking de inmigrantes legales en España, con certificado de registro o tarjeta de residencia, las ocupan marroquíes, con 748.953 –de ellos 192.352 nacidos en España-, rumanos, con 700.168 y ecuatorianos con 442.114. Y es de resaltar que el total de inmigrantes legales ha crecido 11% respecto a 30.06.2008, a pesar de la crisis. Es fácil deducir de todo lo anteriormente expuesto que el crecimiento incontrolado de la inmigración, combinado con la situación de crisis económica, degenerará en importantes problemas de índole social, de los que ya hay bastantes síntomas. Véanse algunos a título de ejemplo: • Agosto 2009: El secretario del sector alimentario de UGT Sevilla pide a los empresarios que no contraten a inmigrantes para la campaña de la aceituna en Sevilla, sino que ocupen a desempleados nacionales. • Agosto 2009: Centenares de inmigrantes, sin casa y sin trabajo, deambulan por los pinares de Lepe, donde se están formando poblados improvisados con placas de cartón y fibrocemento. La mayoría son subsaharianos llegados a principios de la temporada de la fresa que no consiguieron trabajo o que ya se les ha terminado. Muchos fueron enviados a la península desde Canarias, con una orden de expulsión en el bolsillo. • Julio 2009: José Manuel Soria, vicepresidente de Canarias, dice que devolverán al Gobierno de España la competencia de inmigración sobre los menores que llegan a las islas si el Gobierno no toma medidas. Están saturados y no tienen medios para hacerse cargo de todos ellos. Actualmente hay mas de 1.000 menores inmigrantes, cuando la capacidad es de 250. Así pues, es obvio que la inmigración es un serio problema que también afecta a otros países europeos que están reaccionando para controlarla. Veamos algunos ejemplos: -En Inglaterra el Gobierno del laborista Gordon Brown ha anunciado su intención de endurecer la política de concesión de ciudadanía a los inmigrantes, porque hay que tener también en cuenta los derechos de la propia sociedad británica y la de sus miembros, ya que, al fin y al cabo, esa cultura y ese modo de vida que se pretende preservar es lo que la hace atractiva para los inmigrantes. -Italia ha aprobado una ley que considera un delito la entrada en el país de forma ilegal, con penas de multas de 5.000 a 10.000 € y expulsión tan inmediata como sea posible del país. Se establece también pena de cárcel para quien alquile una casa a clandestinos, se aumentan y endurecen los requisitos para casarse con un inmigrante y se prohibe la inscripción en el registro civil de los hijos de los inmigrantes clandestinos. Los funcionarios públicos deberán denunciar a los indocumentados y se autorizan las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios –en número máximo de tres personas y sin armas ni perros- que apoyarán en la vigilancia de las calles a la policía y a los militares que ya patrullan las grandes ciudades. Y prestan también atención a los inmigrantes de países comunitarios, en particular a los de Rumanía, sobre la base de la directiva de la UE que prevé la repatriación de los ciudadanos comunitarios que no tienen rentas y delinquen –como consecuencia, una gran cantidad de gitanos rumanos salieron de Italia, la mayor parte de los cuales se ha venido a España, lo que se resulta lamentable porque aquí no parece que fuéramos deficitarios de gitanos-. Y el ministro de Asuntos Exteriores italiano ha exigido un reparto y una distribución proporcional en el seno de la UE de los inmigrantes indocumentados que lleguen a las costas de los países miembros. Italia entiende que la inmigración es un problema europeo, por lo que los flujos migratorios deben regularse de modo que los inmigrantes no sean acogidos solamente por los países donde desembarcan. Italia espera que ello sea reconocido e incluido en la nueva política que creará la UE en Octubre. -Con el eslogan “sí a una inmigración escogida y no a una inmigración sufrida”, el Gobierno francés ha sacado una nueva ley que pretende relacionar las entradas de personas inmigrantes con las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país, así como aumentar la exigencia de capacitación profesional de los inmigrantes. La nueva ley endurecerá las actuales condiciones de admisión en muchos aspectos, como por ejemplo la reagrupación familiar, para la que se autorizan los análisis de ADN, o el examen que el extranjero deberá pasar sobre el conocimiento de la lengua y de los valores de la República, así como la firma de un contrato de acogida e integración. Por nuestra parte el Gobierno parece estar dispuesto a endurecer la normativa que regula la inmigración, con medidas como incrementar el plazo máximo de internamiento hasta su expulsión de los inmigrantes irregulares, hacer mas dificultosas las condiciones exigidas para la repatriación familiar y otras, pero no es de esperar que la situación varíe demasiado, porque un cambio drástico podría ser entendido como un reconocimiento de lo equivocada que ha sido la política hasta ahora. Por otra parte, no es seguro que el Gobierno esté muy interesado en reducir la inmigración, sino que mas bien podría estar interesado en utilizarla con fines electorales: se ha negociado ya con catorce países el reconocimiento del derecho al voto en las elecciones municipales a los inmigrantes procedentes de los mismos, con la contrapartida de que puedan hacer lo mismo los españoles residentes legales en ellos. Y, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, los españoles deberíamos tener una idea del coste que significa la entrada ilegal de inmigrantes. Por ejemplo, veamos lo que implica la deportación de irregulares: El pasado 31 de julio el Ministerio del Interior de España deportó a 31 inmigrantes nigerianos que permanecían en el Centro de Asistencia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, por entrada irregular en el país. Los inmigrantes -28 hombres y 3 mujeres- fueron trasladados al puerto ceutí para embarcar hacia Algeciras y posteriormente viajar en autocar a Málaga, de donde fueron deportados en avión a Nigeria. La deportación tuvo lugar tras la identificación de los inmigrantes, lo que se hizo con la colaboración de la Embajada de Nigeria. La operación policial fue coordinada por la Brigada de Extranjería con la colaboración de una unidad especial del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cuánto cuesta todo eso? Una última reflexión: ¿Cómo no van a venir a un país en el que un ilegal puede solicitar su empadronamiento y con la acreditación de este obtener una tarjeta sanitaria que le da derecho a asistencia sin limitaciones y a recetas gratuitas como si fuera un pensionista? Y si aguanta tres años en esa situación de ilegal empadronado, puede conseguir la residencia legal por arraigo. ¿Se entiende porqué somos ya el décimo país del mundo en números absolutos de inmigrantes?