DECIMOQUINTA OBVIEDAD: Sobre la inmigración

Empecemos por sentar dos principios: El primero es que España necesita de la inmigración. Con nuestra baja tasa de natalidad y una población en envejecimiento creciente, solo la incorporación de gente joven hará nuestra sociedad viable en el próximo futuro. El segundo es que no vale cualquiera ni en cualesquiera condiciones para conseguir el efecto deseable, lo que implica la necesidad de una inmigración legal y controlada. Hace mucho tiempo que Europa lo tiene claro y ya la Convención de Dublín de 1990, que daba cuerpo a los Acuerdos de Schengen, se marcaba como objetivo básico la lucha contra la inmigración ilegal a través de la cooperación policial y las autoridades aduaneras y ponía en marcha en marcha un mecanismo de información comunitario e incluso un sistema automático europeo de regulación de huellas dactilares. Y es que ya entonces Europa miraba y sufría la inmigración como un problema. En España no era un tema preocupante por lo reducido del número de inmigrantes. En 1991, con una economía nacional poco boyante, los extranjeros censados eran 360.655, el 0,91% de la población total. Pero, con una economía sensiblemente mejorada, en 2003 el censo registraba 2.664.168, el 6,24%. Y luego llegó el Gobierno de Zapatero y el ministro Caldera llevó a cabo una regularización que, según él, iba a ser la envidia de Europa –aunque toda la Unión Europea la criticó duramente- y que unido al boom inmobiliario produjo un efecto llamada que ha elevado el censo de extranjeros en el presente año a 5.598.691 personas, el 12% de la población total. Como se calcula que hay aproximadamente millón y medio de inmigrantes ilegales no censados, el total de extranjeros en España se eleva aproximadamente a 7 millones, el 15% de la población total. Y como la economía nacional está actualmente en depresión y la perspectiva es que en el próximo futuro empeore, la cifra de 7 millones representa un lastre y una fuente de problemas. Un factor que es importante tener en cuenta es la, en general, baja capacitación profesional de nuestros inmigrantes, al menos la que se desprende de su ocupación laboral: en 2005, por sectores profesionales, los servicios ocupaban el 59%, la construcción el 21%, la industria 12% y la agricultura 8%. La procedencia también es un factor indicativo: Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 30.06.2009, las tres primeras posiciones del ranking de inmigrantes legales en España, con certificado de registro o tarjeta de residencia, las ocupan marroquíes, con 748.953 –de ellos 192.352 nacidos en España-, rumanos, con 700.168 y ecuatorianos con 442.114. Y es de resaltar que el total de inmigrantes legales ha crecido 11% respecto a 30.06.2008, a pesar de la crisis. Es fácil deducir de todo lo anteriormente expuesto que el crecimiento incontrolado de la inmigración, combinado con la situación de crisis económica, degenerará en importantes problemas de índole social, de los que ya hay bastantes síntomas. Véanse algunos a título de ejemplo: • Agosto 2009: El secretario del sector alimentario de UGT Sevilla pide a los empresarios que no contraten a inmigrantes para la campaña de la aceituna en Sevilla, sino que ocupen a desempleados nacionales. • Agosto 2009: Centenares de inmigrantes, sin casa y sin trabajo, deambulan por los pinares de Lepe, donde se están formando poblados improvisados con placas de cartón y fibrocemento. La mayoría son subsaharianos llegados a principios de la temporada de la fresa que no consiguieron trabajo o que ya se les ha terminado. Muchos fueron enviados a la península desde Canarias, con una orden de expulsión en el bolsillo. • Julio 2009: José Manuel Soria, vicepresidente de Canarias, dice que devolverán al Gobierno de España la competencia de inmigración sobre los menores que llegan a las islas si el Gobierno no toma medidas. Están saturados y no tienen medios para hacerse cargo de todos ellos. Actualmente hay mas de 1.000 menores inmigrantes, cuando la capacidad es de 250. Así pues, es obvio que la inmigración es un serio problema que también afecta a otros países europeos que están reaccionando para controlarla. Veamos algunos ejemplos: -En Inglaterra el Gobierno del laborista Gordon Brown ha anunciado su intención de endurecer la política de concesión de ciudadanía a los inmigrantes, porque hay que tener también en cuenta los derechos de la propia sociedad británica y la de sus miembros, ya que, al fin y al cabo, esa cultura y ese modo de vida que se pretende preservar es lo que la hace atractiva para los inmigrantes. -Italia ha aprobado una ley que considera un delito la entrada en el país de forma ilegal, con penas de multas de 5.000 a 10.000 € y expulsión tan inmediata como sea posible del país. Se establece también pena de cárcel para quien alquile una casa a clandestinos, se aumentan y endurecen los requisitos para casarse con un inmigrante y se prohibe la inscripción en el registro civil de los hijos de los inmigrantes clandestinos. Los funcionarios públicos deberán denunciar a los indocumentados y se autorizan las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios –en número máximo de tres personas y sin armas ni perros- que apoyarán en la vigilancia de las calles a la policía y a los militares que ya patrullan las grandes ciudades. Y prestan también atención a los inmigrantes de países comunitarios, en particular a los de Rumanía, sobre la base de la directiva de la UE que prevé la repatriación de los ciudadanos comunitarios que no tienen rentas y delinquen –como consecuencia, una gran cantidad de gitanos rumanos salieron de Italia, la mayor parte de los cuales se ha venido a España, lo que se resulta lamentable porque aquí no parece que fuéramos deficitarios de gitanos-. Y el ministro de Asuntos Exteriores italiano ha exigido un reparto y una distribución proporcional en el seno de la UE de los inmigrantes indocumentados que lleguen a las costas de los países miembros. Italia entiende que la inmigración es un problema europeo, por lo que los flujos migratorios deben regularse de modo que los inmigrantes no sean acogidos solamente por los países donde desembarcan. Italia espera que ello sea reconocido e incluido en la nueva política que creará la UE en Octubre. -Con el eslogan “sí a una inmigración escogida y no a una inmigración sufrida”, el Gobierno francés ha sacado una nueva ley que pretende relacionar las entradas de personas inmigrantes con las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país, así como aumentar la exigencia de capacitación profesional de los inmigrantes. La nueva ley endurecerá las actuales condiciones de admisión en muchos aspectos, como por ejemplo la reagrupación familiar, para la que se autorizan los análisis de ADN, o el examen que el extranjero deberá pasar sobre el conocimiento de la lengua y de los valores de la República, así como la firma de un contrato de acogida e integración. Por nuestra parte el Gobierno parece estar dispuesto a endurecer la normativa que regula la inmigración, con medidas como incrementar el plazo máximo de internamiento hasta su expulsión de los inmigrantes irregulares, hacer mas dificultosas las condiciones exigidas para la repatriación familiar y otras, pero no es de esperar que la situación varíe demasiado, porque un cambio drástico podría ser entendido como un reconocimiento de lo equivocada que ha sido la política hasta ahora. Por otra parte, no es seguro que el Gobierno esté muy interesado en reducir la inmigración, sino que mas bien podría estar interesado en utilizarla con fines electorales: se ha negociado ya con catorce países el reconocimiento del derecho al voto en las elecciones municipales a los inmigrantes procedentes de los mismos, con la contrapartida de que puedan hacer lo mismo los españoles residentes legales en ellos. Y, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, los españoles deberíamos tener una idea del coste que significa la entrada ilegal de inmigrantes. Por ejemplo, veamos lo que implica la deportación de irregulares: El pasado 31 de julio el Ministerio del Interior de España deportó a 31 inmigrantes nigerianos que permanecían en el Centro de Asistencia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, por entrada irregular en el país. Los inmigrantes -28 hombres y 3 mujeres- fueron trasladados al puerto ceutí para embarcar hacia Algeciras y posteriormente viajar en autocar a Málaga, de donde fueron deportados en avión a Nigeria. La deportación tuvo lugar tras la identificación de los inmigrantes, lo que se hizo con la colaboración de la Embajada de Nigeria. La operación policial fue coordinada por la Brigada de Extranjería con la colaboración de una unidad especial del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cuánto cuesta todo eso? Una última reflexión: ¿Cómo no van a venir a un país en el que un ilegal puede solicitar su empadronamiento y con la acreditación de este obtener una tarjeta sanitaria que le da derecho a asistencia sin limitaciones y a recetas gratuitas como si fuera un pensionista? Y si aguanta tres años en esa situación de ilegal empadronado, puede conseguir la residencia legal por arraigo. ¿Se entiende porqué somos ya el décimo país del mundo en números absolutos de inmigrantes?