Tampoco esta vez ha sido posible: El quinto borrador de sentencia del TC –Tribunal Constitucional- sobre el nuevo Estatuto de Cataluña -que sucede al de 1979-, elaborado, como los anteriores, por la ponente Elisa Pérez Vera, ha sido rechazado por 6 votos a 4 y la Presidenta del TC, María Emilia Casas, ha encargado el próximo borrador al magistrado Guillermo Jiménez. Lo acaecido hasta ahora, desde que hace casi cuatro años se dio vida a este Estatuto, nos permite las siguientes reflexiones:
-Obviamente el Estatuto es inconstitucional. El último borrador de sentencia rechazaba 15 artículos del texto del Estatuto por inconstitucionales y sometía otros 20 a interpretación, pese a lo cual no ha sido aprobado porque la mayoría de los miembros del TC consideraba que el rechazo debe hacerse extensivo a más artículos. Y eso que este último borrador era algo más “atrevido” que los anteriores.
Y que el Estatuto se considere inconstitucional por el TC no es una sorpresa para cualquiera medianamente informado y libre de veleidades independentistas. Más aún si se trata de expertos como, por ejemplo, Jiménez de Parga, ex presidente del TC, para el cual el preámbulo del Estatuto es “inconstitucional porque intenta destruir y cambiar los cimientos del edificio jurídico-político”, y aclara que “los preámbulos de las Constituciones y los Estatutos sirven de guía a los intérpretes, condensan lo que se quiere regular y deben reducir las dudas e incertidumbres que generan los documentos normativos”. Con ello sale al paso de algunas afirmaciones según las cuales el hecho de que se defina a Cataluña como nación en el Estatuto no es trascendente porque se incluye en el preámbulo, que no tiene valor normativo. También se dijo que no era importante que se incluyera el término “nacionalidades” en la CE –Constitución Española- y ahora el nuevo Estatuto dice que “la CE, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad” ¿Para qué se pensaban algunos ingenuos, estúpidos o irresponsables que los nacionalistas forzaron la inclusión de ese término en la CE?
Por otra parte, el tratamiento de nación no se da a Cataluña exclusivamente en el preámbulo. También en el capítulo octavo se consideran “símbolos nacionales” la bandera, la fiesta y el himno de esa Autonomía.
Terminando con Jiménez de Parga, él considera que la consecuencia de la entrada en vigor del Estatuto sin modificaciones sería que “la nación española, de unidad indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del sistema constitucional”.
-Desde el PSOE, sus medios afines y los restantes partidos favorables al Estatuto, se culpa al PP del rechazo del TC al borrador de sentencia, lo que no es exacto, al menos no del todo, porque el resultado ha sido de 6 votos en contra y 4 a favor, lo que significa que siendo –de los 10 miembros que componen actualmente el TC- 5 miembros propuestos por el PSOE y los otros 5 por el PP, a los magistrados del llamado bloque conservador se ha unido uno del denominado bloque progresista, concretamente Manuel Aragón Reyes, apuesta directa de ZP en 2004, que resulta un tanto curiosa porque este magistrado ya había dejado claro que es un ferviente partidario de la unidad de España y la consideración de esta como nación única e indivisible. La Presidenta del TC, María Emilia Casas, ha votado a favor del borrador, pero es posible que, a pesar de ello, se haya sentido aliviada por el resultado de 6 a 4 en contra, ya que si se hubiera producido un empate a 5 ella tendría que haber resuelto con su voto de calidad, algo que no parece desear en absoluto, probablemente recordando al ex presidente del TC Manuel García Pelayo, que hizo uso de ese voto para dar validez jurídica a la expropiación de Rumasa y nunca se perdonó por ello.
-El párrafo anterior, en el que se habla de magistrados del TC elegidos a propuesta del PSOE o del PP, pone de manifiesto la indeseable politización a la que ha llegado la Justicia y que comenzó –como se explica en el artículo de este blog “Segunda obviedad: Sobre la Justicia”- cuando un gobierno socialista con mayoría absoluta, interpretando torticeramente la CE y despreciando el espíritu con el que se redactó su artículo 122.3, elevó al completo la elección política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano rector de la judicatura. Lamentablemente, el PP no fue capaz o no le interesó o no se atrevió a arreglar el desaguisado cuando posteriormente gobernó con mayoría absoluta.
-Si se tuviera que buscar el mayor culpable de que Cataluña tenga un nuevo Estatuto que es inconstitucional, insolidario, amenaza a la unidad de España y significa una modificación sensible de la CE –realizada por la vía estatutaria, en lugar de la prescrita en la propia Constitución-, ese sería José Luis Rodríguez Zapatero. En 2003, durante la campaña de las elecciones catalanas, prometió que aceptaría el Estatuto que Cataluña decidiera darse. Y no solo no contó con el PP, principal partido de la oposición, para la redacción del nuevo Estatuto, sino que alentó su completa marginación. Y cuando la elaboración del Estatuto se enquistó en enero 2006, este frívolo irresponsable llamó a Artur Mas, de CiU, y en una noche llegó a un acuerdo con él sobre la definición de Cataluña como nación, sobre la financiación y sobre los puntos fundamentales en que la reforma del Estatuto anterior se salta la CE.
-Naturalmente, el hecho de que el nuevo Estatuto no haya obtenido, después de más de tres años y medio, la bendición del TC, no ha gustado a los catalanistas:
· Jordi Pujol, ex presidente de la Generalidad, dice que Cataluña no tiene porqué respetar al TC, dado que es una institución, como otras en España, que no va bien, por lo que no merece respeto.
· Doce periódicos catalanes han publicado una especie de manifiesto que es pura presión sobre el TC.
· Artur Mas ha pedido al TC que se declare incompetente para examinar el Estatuto y le niega el derecho a hacerlo porque ha sido aprobado por los Parlamentos español y autonómico y ratificado en referéndum por los catalanes –por cierto, apenas un tercio de ellos-.
· Montilla, actual Presidente catalán, ha enviado una carta a 200 entidades catalanas reclamando una respuesta unitaria si el TC recorta el Estatuto. Además dice que la situación actual es irreversible porque su Gobierno ya ha sacado 22 leyes que desarrollan normativamente el Estatuto.
-Como la situación está cada día más enquistada y los socialistas ven que la salida no es fácil sin dejarse bastantes pelos en la gatera, han empezado a derivar hacia el recurso más habitual y socorrido, o sea, culpar al PP:
· En primer lugar dicen que la culpa de la actual situación es del PP por haber presentado, en julio 2006, recurso de inconstitucionalidad contra 114 de los 223 artículos del Estatuto y contra 12 disposiciones del mismo –los redactores del Estatuto realmente han querido elaborar una constitución para Cataluña que tiene casi 60 artículos más que la CE y más disposiciones-. Así, por ejemplo, Carmela Silva, portavoz socialista en el Senado, dice que el problema se arregla si el PP retira su recurso. Sin duda que distraídamente olvida que hay otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y las comunidades de Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y La Rioja.
· La otra culpa del PP es la no renovación del TC, que ahora se considera urgente. Seguro que también por inocente distracción se olvida que en 2007 el Gobierno de ZP reformó la Ley Orgánica del TC, permitiendo la prórroga del mandato de María Emilia Casas como presidenta del TC, con voto de calidad decisivo en caso de empate y sumisa hasta el punto de aceptar sin rechistar las broncas como la que le echó la vicepresidenta de la Vega en un desfile de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, esa prórroga también era válida para otros tres magistrados menos afines. También se olvida que murió García Calvo, magistrado conservador y no se cubrió su puesto por falta de consenso político.
-El PP debe tener presente su parte de responsabilidad real por la actual situación, creada por un Estatuto que prácticamente nos conduce a una Confederación España-Cataluña. Y es que el desarrollo normativo de este Estatuto ha sido posible porque ya no existe el recurso previo de inconstitucionalidad, instituido en 1979, derogado en 1985 por el Gobierno de Felipe González y que el Gobierno con mayoría absoluta de Aznar no tuvo interés en poner nuevamente en vigor, al menos para la reforma estatutaria.
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