TRIGÉSIMOCUARTA OBVIEDAD: Todo tiene un final

Por circunstancias que no hacen al caso voy a dejar de escribir artículos para mi blog. Lo que ahora no sé –puesto que de circunstancias se trata- es si le estoy poniendo el final a un capítulo o a la novela completa que ha constituido esta pequeña aventura del blog. Lo que sí puedo decir es que la experiencia me ha resultado agradable y entretenida y que agradezco las visitas al blog –aunque hayan resultado pocas o quizás precisamente por eso- y los comentarios –también pocos- habidos a algunos artículos, tanto los laudatorios –por poco vanidoso que se pueda ser, un halago suele ser bien recibido- como los disconformes o recriminatorios –siempre son una oportunidad para pensar o para aprender-.

Como despedida y, en cierta forma, a modo de resumen, me gustaría hacer una rápida revisión de los principales problemas que aquejan a nuestra nación, a nuestra sociedad –todos individual y más ampliamente tratados en artículos precedentes- y esbozar algunas posibles soluciones tan bienintencionadas como, probablemente, utópicas.

Autonomías.- La idea original de satisfacer la necesidad de una descentralización y acercamiento de la administración a todos los ciudadanos, no importa lo alejadas del centro que estuvieran sus provincias, ha degenerado en un sistema estatal difícilmente definible en el que el Estado va progresivamente debilitándose al mismo ritmo que las Autonomías se hacen mas fuertes, algunas hasta el punto de no tienen reparos en poner de manifiesto sus propósitos separatistas y una vez que entienden conseguida su condición de país o nación reclaman la de Estado soberano. Eso significa que el Estado de las Autonomías recogido en la Constitución está resultando tal fracaso que ya hasta los propios límites de esta han sido rebasados –véase si no el nuevo Estatuto de Cataluña- Y ¿de qué arma se han valido los partidos separatistas para llevar a sus respectivas autonomías por la senda del alejamiento que finaliza en la ruptura? Fundamentalmente de la ley electoral, basada en la circunscripción provincial, que permite a partidos como CiU, PNV, ERC, BNG y otros obtener en las elecciones al Congreso de los Diputados unos resultados desproporcionadamente altos que les sitúan en posición determinante para decidir sobre el Gobierno del Estado y sobre las actuaciones del mismo. Y ¿cómo se arregla este asunto? Pues, en mi opinión, con una circunscripción estatal única para las elecciones al Congreso y un porcentaje mínimo –que podría fijarse entre el 3 y el 5%-, exigible para obtener representación. De ese modo el poder se dirimiría entre los partidos nacionales y los nacionalistas y regionalistas mantendrían su representación en el Senado, que es su verdadera cámara y debería ser la única a la que accedieran.

Pero todo esto pasa por un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, y ahí está la gran dificultad.

La lengua.- El español está actualmente en auge en el mundo: 450 millones de personas lo hablan y es, después del inglés, la segunda lengua más estudiada. Paradójicamente, en España el idioma español está en franca regresión, pues en muchas zonas su estudio y su uso no solo no se fomentan sino que se limitan, se impiden e, incluso, se penalizan. Sus mayores detractores son los nacionalistas que usan la lengua que entienden como propia como elemento diferenciador y distanciador, seguidos a muy poca distancia por los socialistas, en lastimosa pugna por demostrar que ellos son tan nacionalistas como el que más. Y, lamentablemente, quienes podría ser el contrapeso a tales tendencias, o sea, el PP, han demostrado que no son el paladín que la defensa del español necesita, con sus débiles tomas de postura sobre el bilingüismo y con algunos hechos notoriamente en contra de este, como la copia de la inmersión lingüística de Pujol hecha por Fraga para Galicia, o las dificultades actuales para estudiar en español en la Comunidad Valenciana o el incumplimiento de las promesas electorales para Galicia de Núñez Feijóo. Y así se ha llegado a una situación en la que en algunos lugares de España se multa por rotular en español y en el Senado se usarán las lenguas cooficiales, que serán traducidas a quienes no las hablan en el debate de las mociones en los plenos. Se deja fuera de esta nueva norma la sesión de control al Gobierno, para evitar la foto de ZP con el pinganillo en la oreja.

Obviamente, alguien debería devolver al español su condición de idioma común que, como dice la Constitución, todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Naturalmente, manteniendo la posibilidad para quien lo desee de conocer y usar también cualquiera de las lenguas cooficiales.

La economía.- Delicado tema o delicada la situación en que este tema se encuentra en buena parte del mundo y muy en particular en España. Ciñéndonos a nuestro caso, si bien admito que factores externos han influido considerablemente para empujarnos a donde estamos, creo que lo más determinante ha sido la mala administración ejercida antes y durante la crisis. Y para mí que el mal ejercicio es una consecuencia directa del mal concepto que en España tenemos de la administración. No hay más que mirar en el DRAE las distintas acepciones de la palabra “administrar”: la primera de ellas dice que administrar es “gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan”, o sea, que administrar es, en primer lugar y sobre todo, mandar, tener y usar el poder. Solo en la tercera acepción se define como “ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda y los bienes”. Y ya en la octava se entiende como “graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mayor efecto”. Obviamente, con ese criterio no debe extrañarnos el mal uso que nuestros administradores hacen del dinero y los bienes públicos.

Creo que es absolutamente necesario que la sociedad exija a sus gobernantes, como primer requisito, que administren con el rigor, el interés y la dedicación de un buen padre de familia –o madre, que suelen hacerlo mejor-.

La justicia.- La justicia en España adolece de tres grandes problemas: su falta de independencia, su lentitud y la inadecuación de las leyes que aplica a la sociedad actual.

-La independencia del poder judicial por la que abogaban Locke y Montesquieu, se ha quedado en nada en España desde que la política ha metido sus manazas en ella, arrogándose el derecho a elegir todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial –órgano rector de la justicia- y de que sea el Gobierno quien nombre al Fiscal General del Estado –al que por la organización jerárquica de este estamento están supeditados el resto de fiscales-. Es tiempo ya de que el poder judicial recobre su independencia.

-Si la justicia es lenta, generalmente no es justa. Eso ha sucedido, por ejemplo con el dictamen, recién emitido, del Tribunal Constitucional –totalmente politizado- sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, cuya tardanza de cuatro años ha permitido que el Gobierno catalán haya puesto en vigor más de 40 leyes que podrían ser inconstitucionales. Y todo para emitir un dictamen que es una chapuza jurídica que pretende dar satisfacción a todos pero que realmente se la da a los socionacionalseparatistas, que ven satisfechas sus pretensiones fundamentales y, sin embargo, pueden continuar explotando su victimismo reivindicativo. Y, por supuesto, a ZP, el padre de esta fea criatura.

También para las personas físicas y jurídicas los retrasos de la justicia provocan muchas situaciones injustas y, con frecuencia, irreversibles.

Es necesario que se dote a la justicia de organización y medios humanos y materiales adecuados que la hagan eficaz. Y, de paso, que se restablezca el recurso previo de inconstitucionalidad.

-Hay cantidad de casos que ponen en evidencia que las leyes penales vigentes son inadecuadas para que la autoridad y la justicia se armen con ellas para luchar eficazmente contra la delincuencia. Baste como ejemplo reciente el de El Rafita, que violó, torturó y asesinó a Sandra Palo y ahora ha quedado en libertad después de 4 años de internamiento en un centro de menores y 3 años de libertad ¿vigilada? y sus antecedentes han sido borrados. Todo ello a pesar de que sus actitudes y la comisión de otros delitos han evidenciado su no rehabilitación. Ya cuando fue detenido a los 14 años por el asesinato de Sandra, él y sus compinches que integraban la “banda del chupete” coleccionaban unas 700 denuncias. Todo esto pone de manifiesto lo inadecuado de la Ley del Menor y otros muchos ejemplos podrían probar que nuestras leyes penales, en general, son una gran chapuza.

Consecuentemente, es necesario que las leyes penales se cambien partiendo de la consideración fundamental de que es la sociedad el bien prioritario a defender y no, como actualmente, el delincuente.

La energía.-Ningún país puede producir de manera competitiva sin energía suficiente y a precios razonables. Y España, que necesita incrementar su productividad para que ello la ayude a salir de la mala situación económica en la que está sumida, tiene una alta dependencia en el tema energético y un coste de generación muy alto. Para ponerle remedio, un grupo de expertos de la Universidad de Zaragoza proponía en mayo, muy acertadamente, extender la vida útil de las centrales nucleares actuales a 60 años –por supuesto, nada de cerrar Garoña- y comenzar la construcción de 5 nuevas centrales nucleares de 1.600 MW cada una. De este modo, se formaría un interesante mix con las centrales de ciclo combinado de gas y renovables con mucha investigación que permita hacer menos costosa esa energía y estar en primera línea tecnológica para exportar equipos e ingeniería de instalación y explotación. La construcción de las nuevas centrales nucleares crearía puestos de trabajo y su coste de 9.000 millones de euros por cada reactor sería mucho más rentable que el del estúpido Plan E para carriles bici, pistas de paddle y otras cosas generalmente innecesarias.

El agua.- Hay lugares en España donde la escasez de agua es un problema y otros donde se desperdicia vertiendo al mar mas de lo necesario. El ejemplo más representativo es el del río Ebro, que vierte al mar más de lo que el delta necesita para su mantenimiento. Y el excedente no se aprovecha porque lo impide la insolidaridad y el egoísmo irracional de los que se arrogan derechos sobre su cauce que ninguna región debería tener, porque solo corresponden al Estado.

Los dos partidos nacionales mayoritarios tienen la obligación de ponerse de acuerdo en este tema y pactar la rehabilitación del Plan Hidrológico Nacional 2001 –con las mejoras y actualizaciones que fueran oportunas- que si bien fue elaborado por el Gobierno de Aznar, respondía a las recomendaciones de socialistas como Borrel.

El trabajo.- Tema de absoluta actualidad por la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso. Entiendo que es difícil conseguir un equilibrio que mantenga al máximo los derechos de los trabajadores y que a la vez estimule y facilite a los empresarios la contratación. Para ello las partes deberán derrochar imaginación y flexibilidad y analizar distintas soluciones, como, por ejemplo, la de un contrato indefinido único –en el que pueden incluirse variables a tiempo parcial, etc y que se complemente con otro diferente para los trabajos por obra y los estacionales- en el que, tras superar el período de prueba se considere al trabajador fijo a todos los efectos y en el que la indemnización por despido improcedente se vaya incrementando con el tiempo de trabajo. Por ejemplo, los 5 primeros años podía ser de 20 días/año, de 5 a 10 años de 33 días/año y a partir de los 10 años podría llegar a los 45 días/año. El contrato incluiría acuerdos para reducir la jornada y consecuentemente el salario a percibir en caso de crisis económica de la empresa, en lugar de que esta realice despidos. El Estado podría prever para esos momentos rebajas en cotizaciones y, quizás, algún tipo de complemento a los ingresos de los trabajadores.

Creo que también se debería poner punto final a los convenios colectivos o, al menos, permitir el descuelgue libre de los mismos, posibilitando el trato empresa-trabajadores en función de la situación y perspectivas de la compañía.

En lo que se refiere a la jubilación, estoy de acuerdo con el propósito anunciado por el Gobierno de prohibir las prejubilaciones en las empresas con beneficios y aumentar la edad mínima de prejubilación de los 52 a los 58 años. En cuanto a prolongar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, creo que debería hacerse de manera voluntaria y subvencionando la prolongación con incentivos. Y ya que hablamos de incentivos y considerando nuestra baja natalidad, no estaría mal que se pagara más a los jubilados que han tenido más hijos, por su mayor contribución al mantenimiento del sistema, que a los que han tenido pocos o ninguno.

Mucho me temo que la dificultad principal para llegar a acuerdos que faciliten el incremento del empleo va a ser la rigidez de los sindicatos.

La enseñanza.- Dos problemas importantes aquejan a nuestra enseñanza: la cesión casi íntegra de las competencias sobre la misma a las Autonomías y la pérdida de valores.

-Ceder la enseñanza a las Autonomías ha conducido a la postergación, cuando no a la erradicación de la lengua común y la distorsión de la Historia en las Autonomías con lengua propia y tendencias nacional-separatistas. En las restantes, la falta de un criterio unívoco ha producido una dispersión de las temáticas, tratamiento y niveles.

-La pérdida de valores que afecta a nuestra sociedad se manifiesta con la mayor intensidad en la enseñanza, donde el hedonismo, el desprecio del esfuerzo, la minusvaloración de la excelencia y la falta de respeto a los profesores han adquirido un gran protagonismo.

Es imperativo que el Estado recupere en lo esencial la competencia sobre la enseñanza, que esta sea común en lo importante para todos los pueblos de España y que se base en los valores humanos, el trabajo y el respeto.

ETA.- Parece ser que ETA está próxima a declarar una nueva tregua que ayude al actual Gobierno y que posibilite, con la ayuda de este, que los etarras y los que les apoyan puedan presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales en las autonomías vasca y navarra. Y parece ser que eso se está negociando entre socialistas y etarras. Los socialistas lo niegan, pero también lo negaron antes, pese a ser cierto, y además, ¿porqué el PSOE no rechaza el permiso que el Parlamento dio al Gobierno para negociar con ETA y que sigue estando en vigor?; ¿porqué siguen los de ANV en los ayuntamientos -44 municipios vascos y navarros-, cuando podría echárseles simplemente haciendo uso de la Ley de Bases de Régimen Local, como se hizo para echar a los corruptos del Ayuntamiento de Marbella? ¿Y porqué no se detiene a José Ternera, pese a tenerle localizado?

Como ya dijimos cuando tratamos específicamente este tema, la negociación es un camino equivocado, pues la vía correcta es la conjunción de la policial, la judicial y la penitenciaria ejercidas con firmeza, sin condiciones.

La inmigración y el islamismo.- Una vez que el tiempo se ha encargado de demostrar la irracional inconveniencia del “papeles para todos” del entonces ministro Caldera, sería necesario que los principales partidos se sentaran a hablar de cómo regular la inmigración para reducir esta a solo la legal y controlada –copiando la idea del eslogan del Gobierno francés “sí a una inmigración escogida, no a una inmigración sufrida”-, cómo expulsar del país de manera efectiva y penalizar duramente su eventual retorno a los muchos delincuentes que han llegado camuflándose entre la inmigración trabajadora –preferentemente a los integrantes de mafias y bandas internacionales- y cómo limitar y reducir en todo lo posible la inmigración de religión y cultura musulmana. El islamismo, que ya es un problema internacional, está adquiriendo poder en España y enseñando cada vez más y con menos recato su propósito de imponer su estilo de vida. La última muestra son las recientes manifestaciones de Abú Homar, imán de la mezquita de Alcalá de Henares, que recibió una subvención del Ministerio de Justicia de 2.000 € en 2009 y de 5.000 € anuales los años anteriores: “Son leyes de Dios. Si cortamos la mano sólo a uno, servirá para prevenir que el resto robe. Si lapidamos a una persona, entonces la gente se cuidará”.

Nuestra sociedad es parte de la civilización cristiana occidental, esa es la base de nuestra cultura, seamos o no practicantes. Y esa es la cultura que debemos defender y mantener.

Sé que en este artículo me he puesto bastante utópico, pero estoy convencido de que nuestra sociedad sería mejor si emprendiera el camino para alcanzar los objetivos aquí marcados. Y teniendo presente lo que decía Ortega: “Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande”.