VIGESIMOTERCERA OBVIEDAD: Sobre nuestra fauna política

Hace bastantes años, cuando entré en el despacho del director técnico de una importante empresa industrial, me llamó la atención un letrero diseñado y situado de manera que no pudiera pasar desapercibido a cualquiera que entrara en el despacho: “Si no traes la solución eres parte del problema”. Aquel hombre avisaba a sus subordinados de que su trabajo consistía no solo en constatar o mejor anticipar los problemas de la instalación, sino que además debían estudiar las posibles soluciones y exponérselas, y que él las evaluaría y autorizaría la ejecución de la que se revelara más idónea. Y si no lo hacían así, no resultaban útiles.
Y he recordado esto al leer información sobre la última encuesta realizada por el CIS –Centro de Investigaciones Sociológicas-, que coloca a los políticos en general y a los partidos en particular en tercera posición de la lista de problemas nacionales, según la ciudadanía. En dicha lista, el desempleo ocupa el primer lugar, con el 78,4%, las dificultades económicas en general el segundo con 46% y el tercer lugar –y ascendiendo- es para los políticos, llevados ahí por el 16,6% de los entrevistados y por delante de la inmigración -13,7%-, el terrorismo -13,1%- y la inseguridad ciudadana -11,1%-.
De modo que el descrédito de nuestra clase política es considerable y creciente, ya que en un solo año han pasado del 7% al 16,6% los ciudadanos que la consideran el mayor de los problemas nacionales, porque entienden que no aportan soluciones sino más problemas. Y es obvio que razones tienen para ello. Hagamos un breve repaso:
-El Gobierno, después de negar la crisis económica, ha hecho como que la afronta, tardíamente, con parches, declaraciones voluntaristas y medidas como las recogidas en los Presupuestos 2010, con subidas de impuestos como los IVA reducido –de 7 a 8%- y general –de 16 a 18%- y eliminación de deducciones como la de 400 € del IRPF. Además, aumenta el gasto público consuntivo, reduce la inversión productiva –sobre todo en I+D+i- y permite subidas como la de la factura eléctrica. No hay en la acción del Gobierno nada que favorezca el incremento de la productividad, necesario para que se mejore nuestra competitividad, condición sin la cual nuestra salida de la crisis será larga y penosa.
-El principal partido de la oposición parece pasar la mayor parte de su tiempo sentando delante de su casa, esperando ver pasar el cadáver de su enemigo, cuando debería estar trabajando arduamente, tratando de hacer llegar a la ciudadanía la esperanza, recordándoles que ya sacaron a España de otra crisis profunda en la que la sumieron los socialistas y explicando una y otra vez lo que harían para salir de esta.
-En cuanto a los otros partidos, o están empeñados en la fragmentación del Estado y en situarse localmente lo mejor posible, o mirándose el ombligo sin ver más allá, o sumidos en la incoherencia o en la corrupción. Véanse si no ejemplos como los del PNV –sí al aborto a cambio de dinero y no al obispo Munilla, guipuzcoano y dominador del euskera, por no ser nacionalista- o el de Unión Mallorquina, con su desfile de corruptos ante los jueces.
Pero a nuestra clase política su regeneración parece no preocuparle. Ajenos al descrédito que la inoperancia y la corrupción que les aqueja –y sálvese quien pueda porque ciertamente hay una parte salvable- suscita en los ciudadanos, viven en su particular mundo y disfrutan de las ventajas del mismo que, eso sí, se afanan en incrementar. Por ejemplo, el día 22, los miembros del Congreso de los Diputados, cansados de la dura batalla, se despidieron del hemiciclo hasta febrero, para reunirse con sus abandonadas familias, descansar merecidamente, lamerse las heridas y meditar sobre cómo aumentar el número y alcance de sus prebendas, sabiendo que ese tema sí es capaz de conseguir aprobaciones unánimes.
Pues esto es lo que, mayormente, tenemos. ¡Señor, qué cruz!
Se impone que la sociedad civil exija a sus políticos regeneración, dedicación, trabajo, formación –los hay, y muchos y situados muy arriba, que solo han sido en su vida políticos, sin haber desarrollado otra actividad profesional-. Y, sin duda, ayudaría mucho que los principales puestos de los gobiernos central y autonómicos se limitaran a dos legislaturas y que las listas de candidatos a las elecciones al Congreso fueran abiertas, para que la ciudadanía pudiera elegir y los diputados se debieran en primer lugar a sus electores y no a su partido.
Ya sé que muchos lectores se estarán, a estas alturas, riendo de mi ingenuidad. Pues que sepan que voy a mirar en mi interior y sacar de lo profundo el residuo de ilusión que pueda quedar del niño que hubo en mí y voy a pedir a los Reyes que nos traigan todo eso –a los Reyes Magos, por supuesto. A los de aquí ya les he perdido la fe-.

VIGESIMOSEGUNDA OBVIEDAD: Sobre internet y las descargas

Cuando he tenido conocimiento de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible –qué palabra esta: la economía, per se, si no es sostenible no es economía- me he acordado de los maravillosos jardines de Los Alcázares en Sevilla, en los que puedes estar dando un agradable y sosegado paseo y, de repente, encontrarte en un laberinto que existe en los mismos y del que toma tiempo salir y que puede resultar algo angustioso para los claustrofóbicos. Y si me ha venido este recuerdo es por la frecuencia y la facilidad que tiene este Gobierno que España padece para meterse gratuita e innecesariamente en jardines en los que se enreda, se enmaraña, se pierde y a veces no sabe cómo salir sin dejar un rastro de destrozos más o menos irreparables.
Ahora se trata de las medidas que se pretenden tomar para la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” y que se incluyen en la Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Se adscribe al Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual –se dice que se crea pero en realidad ya existía con ese nombre desde la Ley 23/2006-, “como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual….. frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información, en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002” que permiten interrumpir las prestaciones de servicios de dichas sociedades de la información. O sea, que la ley capacitaría a la Comisión para cerrar webs.
Y, consecuentemente, ya está el lío armado. Se produce una colisión de intereses y la sociedad se divide –sin considerar a los que pasan y a los que ni siquiera se enteran de lo que está pasando- en los partidarios de esta nueva normativa e incluso de ir más allá con ella y los que entienden que con la nueva disposición se vulnerarían libertades y derechos fundamentales.
Los partidarios, representados por entidades como la potente y conocida SGAE, Promusicae (plataforma de derechos de autor que procede de la industria discográfica) o EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales), exigen la protección de los derechos de los creadores, lo que en principio parecería una pretensión perfectamente lógica y justa, si no se dieran algunas circunstancias:
-Parece que los derechos que mas preocupan a las entidades que representan a los creadores son los musicales y audiovisuales y que prácticamente no les interesan otros. Por ejemplo, hace muchos años que los autores de libros, también creadores, ven como un libro suyo puede ser leído por docenas de lectores en una biblioteca pública, y hay cientos de estas en España. Y hay muchos mas creadores artísticos como pintores y escultores, y técnicos como arquitectos e ingenieros.
-La sociedad en general está profundamente irritada contra el canon digital, que con la excusa de permitir la copia privada grava todos los medios grabadores, reproductores o soportes de reproducción con cantidades que oscilan desde los 0,16 €/h para los discos compactos (CD), hasta los 227 € para copiadoras de 70 o mas ppm. El cobro de este impuesto se encuentra recurrido por vía penal por internautas y usuarios que piensan que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia que se recoge en el artículo 24 de la Constitución Española.
-La irritación se extiende a algunas sociedades como la SGAE, por la voracidad con que se lanza sobre actos públicos y privados, exigiendo dinero por interpretaciones musicales o teatrales incluso de autores anónimos. Las entidades de gestión de derechos como la SGAE son privadas, o sea, sin control. La propia SGAE ha informado que por cada CD vendido 6% del canon va a los artistas y el resto es para entidades como ella misma y para las compañías discográficas.
-La SGAE y la llamada Coalición de Creadores han enviado al Ministerio una lista con aproximadamente 200 páginas web a las que atribuyen difusión ilegal de contenidos y que, hipotéticamente, si la nueva ley se pone en vigor como está redactada, podrían ser cerradas por decisión administrativa si así lo pidiera la Comisión de Propiedad Intelectual.
-Comoquiera que para que haya delito se requiere que la web en cuestión albergue archivos ilegales y que exista ánimo de lucro en su puesta a disposición, las entidades que representan a los llamados creadores quieren que sean también objetivos de la nueva ley las páginas que enlazan a los objetivos sin albergarlos, porque han fracasado persiguiéndolas judicialmente.
Del otro lado, los internautas entienden que hay muchas razones para oponerse a la nueva ley:
-Los internautas han bautizado la normativa como “ley antidescargas” y han hecho público un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, porque entienden que las modificaciones legislativas que pretenden introducirse vulneran libertades y derechos de expresión, información, comunicación, privacidad, acceso a ala cultura, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Este último punto es de los más considerados para el rechazo de la pretendida nueva ley. Hay una opinión generalizada de que cerrar páginas por decisión administrativa atenta contra el “derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales” que se recoge en el artículo 24 de la Constitución.
-El ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, ha dicho que es extremadamente peligroso que la Administración ponga freno a la libertad de expresión y se convierta en tuteladora de ese derecho, o de los de conocimiento y opinión. Considera exigible un control judicial.
-El PP acusa al Gobierno de reinventar la censura para internet, al introducir la posibilidad de recortar la libertad de publicación y cerrar páginas web sin autorización judicial. El PP entiende que se vulneran derechos fundamentales como los de libertad de expresión e información.
-Se está extendiendo la idea, que el Gobierno niega, de que la Comisión de Propiedad Intelectual se erigirá en un órgano de vigilancia de la red, sobre todo basándose en el hecho de que en la nueva normativa se autoriza a los órganos competentes a “requerir a los prestadores de servicios de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación” de los presuntos vulneradores de los derechos de propiedad intelectual. Se están refiriendo a Telefónica, Jazztel, etc.
-Un motivo de queja de los internautas es que antes de elaborar y hacer público el Anteproyecto de Ley, se ha consultado a entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE, pero no a los internautas.
El hecho es que las modificaciones legislativas que se pretenden introducir han producido tal rechazo y tal enfado de los internautas que han atemorizado al Gobierno, que seguramente no olvida la influencia que tuvo la red en la elección de Obama. De modo que enseguida ha empezado a reaccionar: Francisco Caamaño, Ministro de Justicia, tras una desafortunada intervención en la que defendió el cierre administrativo de webs de descargas ilegales equiparándolo con el de otras páginas de internet que enseñan a hacer bombas, ha dicho que el cometido de la comisión de Propiedad Intelectual es instar a la Justicia a cerrar la página desde la que se hacen descargas ilegales de contenidos y que la Justicia decida, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, o sea, que las descargas sean generalizadas y que exista ánimo de lucro. Zapatero ha dicho que su Gobierno “no va a cerrar ninguna página web bajo ningún concepto”, desautorizando a la directora y guionista de televisión y presidenta de la Academia del Cine española hasta su nombramiento como Ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, objeto más directo de las iras de los internautas por su parcialidad, ya que antes de su nombramiento como ministra se había pronunciado en contra de las descargas gratuitas y ahora se dice que su próxima pretensión es que se cobre canon por el ADSL. José Blanco, Ministro de Fomento, ha apostillado/matizado lo dicho por Zapatero diciendo que no se cerrará ninguna web “sin autorización judicial”.
Supongo que además de tratar de calmar al personal, las nuevas disposiciones van a seguir su andadura en su lucha contra las descargas. De hecho, el Grupo de Investigación Tecnológica de la policía acaba de detener a un internauta que se dedicaba a subir archivos de películas a páginas de almacenamiento masivo de archivos, cobrando por ello. Y cuidado con este tema, porque en los artículos 270 y 271 del Código Penal se contemplan penas de hasta cuatro años de prisión y 24 meses de multa por delitos relativos a la propiedad intelectual.
Obviamente, ante esta colisión de intereses algo habrá de hacerse para conciliarlos, pero por consenso, contando con el acuerdo de los creadores y de los internautas. El mismo presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, cree que antes de cerrar una puerta que ya forma parte de la vida de mucha gente, hay que ofrecer alternativas de pago para poder bajar cine o música de la red. Puede ser una vía si ese pago es realmente bajo, porque de hecho ya hay quien paga voluntariamente una cantidad anual a cambio de conseguir descargas más rápidas, de mayor calidad y mas seguras en lo que al peligro de virus se refiere.
Además han de considerarse opciones que ya se están dando, como la de los numerosos artistas llamados “copyleft” que quieren que su música circule por internet libre de cánones. O considerar la fuente de ingresos que supone la publicidad en estas páginas e incluso en las de contenidos ilegales que podrían compartir con los creadores. Y, por otra parte, estos deben tener en cuenta que cuando algo interesa al público de veras acaba produciendo dinero a quien lo creó; por ejemplo, la película “This is it”, con los últimos ensayos de Michael Jackson, ha recaudado en un mes en las salas 250 millones de dólares, según Sony Pictures, y en enero se lanzará en DVD.
De modo que pónganse a pensar y hablar sobre el tema, échenle imaginación y encuentren una solución que concilie intereses, no una que solo tenga en cuenta los de una parte que, casualmente, son amiguetes.

VIGÉSIMOPRIMERA OBVIEDAD: Sobre la propiedad privada y los “ocupas”.

Dos noticias aparecidas en noviembre sobre ocupación de viviendas y las pesadillas que están sufriendo las víctimas de las mismas, ponen de manifiesto que vivimos en una sociedad surrealista, desnortada, en la que los individuos que contravienen las leyes gozan de mayores opciones y consideración que los que las respetan y donde la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos por parte de la justicia brilla por su ausencia.
La primera de las noticias da cuenta ahora de un hecho que realmente se ha producido hace casi un año y medio: una familia sale de vacaciones de su casa en Barcelona y cuando vuelve no puede acceder a la misma porque la cerradura ha sido cambiada por alguien que ha ocupado ilegalmente su vivienda. Según cuenta Libertad Digital, la denuncia ante los Mozos de Escuadra no sirvió de nada porque estos se declararon incompetentes en el asunto, de modo que los afectados optaron por la vía judicial y ganaron una demanda por desahucio, pero ahora tienen que esperar a que la justicia –por darle un nombre, aunque sus hechos como institución cada día se correspondan menos con su significado- resuelva a su favor en febrero el recurso de apelación presentado por los ocupas y estos sean desalojados de la vivienda. Entretanto, la familia víctima de esta tropelía ha visto como sus enseres personales eran arrojados por la ventana y se han enterado de que los ocupas les han desempadronado de su domicilio en el Ayuntamiento para empadronarse ellos. Y además se ven obligados a pagar el alquiler, el agua y la luz de la vivienda para mantener sus derechos sobre esta que es propiedad del Patronato de la Generalidad.
El otro caso aparecido hace días en los medios de comunicación es el de una joven pareja que ha comprado recientemente una vivienda unifamiliar en Castelldefels y a quienes unos ocupas han impedido llegar a habitarla porque durante sus vacaciones se han instalado en ella, tras derribar la puerta metálica de entrada y parte de la valla. Los jóvenes que además de haber sido desposeídos de su propiedad sienten temor porque los ocupantes son indeseables con antecedentes penales, han denunciado el hecho y ahora esperan impotentes una resolución judicial.
Los dos casos citados se han dado en Cataluña, donde en los últimos seis años se han dado profusión de ocupaciones, en buena parte realizadas por gentes antisistema que se han sentido crecidos por las actuaciones de algunos jueces –como el que condenó en 2004 al Ayuntamiento de Barcelona por vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de unos ocupas al desalojarles amparándose en una decisión administrativa y no judicial- o por las opiniones favorables de algunos cargos públicos, como la anterior ministra María Antonia Trujillo, que consideró la ocupación otro estilo de vida, o la concejala del Ayuntamiento de Barcelona Inma Mayol, pareja del consejero de Interior de la Generalidad Joan Saura, que se consideró a sí misma antisistema y defensora de los ocupas y abogó por despenalizar la ocupación de inmuebles deshabitados y su regulación por vía civil.
En ese caldo de cultivo han proliferado las ocupaciones, como la de una antigua fábrica del barrio de Pueblo Nuevo en 2006, realizada tras una manifestación de una cincuentena de radicales y ante la pasiva presencia de los Mozos de Escuadra del muy progre Joan Saura. Y también se han producido fuertes protestas en algunos sectores sociales cuando se han realizado desalojos por orden judicial, como fue en enero 2007 el caso de Can Mireia, una casa ocupada durante diez años en Trinitat Vella.
Ante tanta facilidad para cometer tales hechos, cualquiera podría pensar que legalmente no hay nada que ampare a los ciudadanos de la agresión que supone la ocupación de su domicilio o propiedad. Pero no es así:
-El artículo18 de la Constitución Española, que forma parte de la Sección 1a -De los derechos fundamentales y de las libertades públicas- del Capítulo Segundo –Derechos y libertades-, dice que “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.
-El artículo 33 de la Sección 2a -De los derechos y deberes de los ciudadanos-, dice que “Se reconoce el derecho a la propiedad privada……. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.
-El artículo 202 del Código Penal vigente, integrado en el Capítulo II –Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público-, del Título X -Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio-, dice que “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses”.
De modo que el asunto está claro y los derechos están, en teoría, legal y suficientemente protegidos. Pero la policía no puede actuar de inmediato y desalojar y detener al ocupa, aunque sea evidente que se están conculcando derechos y que se ha producido un allanamiento. Si se presenta una denuncia la policía se declara impotente y esta debe hacerse en sede judicial, mediante una demanda de desahucio, con lo que el procedimiento cuesta tiempo y dinero –a la víctima, porque el o los ocupas van a declararse insolventes- hasta que se llega, si todo va bien y no se tropieza con algún juez “especial”, al fallo favorable y se desestima la apelación que seguramente será presentada.
En cuanto los ladrones se paren a considerarlo, se darán cuenta de que si son sorprendidos en flagrante delito en el interior de una vivienda ajena, lo que deben hacer es declararse ocupas.
Es obvio que se necesita la imposición de un procedimiento rápido, sumario, que devuelva en días la propiedad a quien tiene derecho real a hacer uso de ella y ponga en la cárcel al ocupa. Y entretanto, si tiene usted la desgracia de sufrir una ocupación, antes de acudir a la justicia trate por sus propios medios de expulsar a los ocupas y si lo consigue se ahorrará disgustos, tiempo y dinero. ¡Qué penoso!