VIGESIMOSEGUNDA OBVIEDAD: Sobre internet y las descargas

Cuando he tenido conocimiento de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible –qué palabra esta: la economía, per se, si no es sostenible no es economía- me he acordado de los maravillosos jardines de Los Alcázares en Sevilla, en los que puedes estar dando un agradable y sosegado paseo y, de repente, encontrarte en un laberinto que existe en los mismos y del que toma tiempo salir y que puede resultar algo angustioso para los claustrofóbicos. Y si me ha venido este recuerdo es por la frecuencia y la facilidad que tiene este Gobierno que España padece para meterse gratuita e innecesariamente en jardines en los que se enreda, se enmaraña, se pierde y a veces no sabe cómo salir sin dejar un rastro de destrozos más o menos irreparables.
Ahora se trata de las medidas que se pretenden tomar para la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” y que se incluyen en la Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Se adscribe al Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual –se dice que se crea pero en realidad ya existía con ese nombre desde la Ley 23/2006-, “como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual….. frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información, en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002” que permiten interrumpir las prestaciones de servicios de dichas sociedades de la información. O sea, que la ley capacitaría a la Comisión para cerrar webs.
Y, consecuentemente, ya está el lío armado. Se produce una colisión de intereses y la sociedad se divide –sin considerar a los que pasan y a los que ni siquiera se enteran de lo que está pasando- en los partidarios de esta nueva normativa e incluso de ir más allá con ella y los que entienden que con la nueva disposición se vulnerarían libertades y derechos fundamentales.
Los partidarios, representados por entidades como la potente y conocida SGAE, Promusicae (plataforma de derechos de autor que procede de la industria discográfica) o EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales), exigen la protección de los derechos de los creadores, lo que en principio parecería una pretensión perfectamente lógica y justa, si no se dieran algunas circunstancias:
-Parece que los derechos que mas preocupan a las entidades que representan a los creadores son los musicales y audiovisuales y que prácticamente no les interesan otros. Por ejemplo, hace muchos años que los autores de libros, también creadores, ven como un libro suyo puede ser leído por docenas de lectores en una biblioteca pública, y hay cientos de estas en España. Y hay muchos mas creadores artísticos como pintores y escultores, y técnicos como arquitectos e ingenieros.
-La sociedad en general está profundamente irritada contra el canon digital, que con la excusa de permitir la copia privada grava todos los medios grabadores, reproductores o soportes de reproducción con cantidades que oscilan desde los 0,16 €/h para los discos compactos (CD), hasta los 227 € para copiadoras de 70 o mas ppm. El cobro de este impuesto se encuentra recurrido por vía penal por internautas y usuarios que piensan que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia que se recoge en el artículo 24 de la Constitución Española.
-La irritación se extiende a algunas sociedades como la SGAE, por la voracidad con que se lanza sobre actos públicos y privados, exigiendo dinero por interpretaciones musicales o teatrales incluso de autores anónimos. Las entidades de gestión de derechos como la SGAE son privadas, o sea, sin control. La propia SGAE ha informado que por cada CD vendido 6% del canon va a los artistas y el resto es para entidades como ella misma y para las compañías discográficas.
-La SGAE y la llamada Coalición de Creadores han enviado al Ministerio una lista con aproximadamente 200 páginas web a las que atribuyen difusión ilegal de contenidos y que, hipotéticamente, si la nueva ley se pone en vigor como está redactada, podrían ser cerradas por decisión administrativa si así lo pidiera la Comisión de Propiedad Intelectual.
-Comoquiera que para que haya delito se requiere que la web en cuestión albergue archivos ilegales y que exista ánimo de lucro en su puesta a disposición, las entidades que representan a los llamados creadores quieren que sean también objetivos de la nueva ley las páginas que enlazan a los objetivos sin albergarlos, porque han fracasado persiguiéndolas judicialmente.
Del otro lado, los internautas entienden que hay muchas razones para oponerse a la nueva ley:
-Los internautas han bautizado la normativa como “ley antidescargas” y han hecho público un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, porque entienden que las modificaciones legislativas que pretenden introducirse vulneran libertades y derechos de expresión, información, comunicación, privacidad, acceso a ala cultura, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Este último punto es de los más considerados para el rechazo de la pretendida nueva ley. Hay una opinión generalizada de que cerrar páginas por decisión administrativa atenta contra el “derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales” que se recoge en el artículo 24 de la Constitución.
-El ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, ha dicho que es extremadamente peligroso que la Administración ponga freno a la libertad de expresión y se convierta en tuteladora de ese derecho, o de los de conocimiento y opinión. Considera exigible un control judicial.
-El PP acusa al Gobierno de reinventar la censura para internet, al introducir la posibilidad de recortar la libertad de publicación y cerrar páginas web sin autorización judicial. El PP entiende que se vulneran derechos fundamentales como los de libertad de expresión e información.
-Se está extendiendo la idea, que el Gobierno niega, de que la Comisión de Propiedad Intelectual se erigirá en un órgano de vigilancia de la red, sobre todo basándose en el hecho de que en la nueva normativa se autoriza a los órganos competentes a “requerir a los prestadores de servicios de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación” de los presuntos vulneradores de los derechos de propiedad intelectual. Se están refiriendo a Telefónica, Jazztel, etc.
-Un motivo de queja de los internautas es que antes de elaborar y hacer público el Anteproyecto de Ley, se ha consultado a entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE, pero no a los internautas.
El hecho es que las modificaciones legislativas que se pretenden introducir han producido tal rechazo y tal enfado de los internautas que han atemorizado al Gobierno, que seguramente no olvida la influencia que tuvo la red en la elección de Obama. De modo que enseguida ha empezado a reaccionar: Francisco Caamaño, Ministro de Justicia, tras una desafortunada intervención en la que defendió el cierre administrativo de webs de descargas ilegales equiparándolo con el de otras páginas de internet que enseñan a hacer bombas, ha dicho que el cometido de la comisión de Propiedad Intelectual es instar a la Justicia a cerrar la página desde la que se hacen descargas ilegales de contenidos y que la Justicia decida, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, o sea, que las descargas sean generalizadas y que exista ánimo de lucro. Zapatero ha dicho que su Gobierno “no va a cerrar ninguna página web bajo ningún concepto”, desautorizando a la directora y guionista de televisión y presidenta de la Academia del Cine española hasta su nombramiento como Ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, objeto más directo de las iras de los internautas por su parcialidad, ya que antes de su nombramiento como ministra se había pronunciado en contra de las descargas gratuitas y ahora se dice que su próxima pretensión es que se cobre canon por el ADSL. José Blanco, Ministro de Fomento, ha apostillado/matizado lo dicho por Zapatero diciendo que no se cerrará ninguna web “sin autorización judicial”.
Supongo que además de tratar de calmar al personal, las nuevas disposiciones van a seguir su andadura en su lucha contra las descargas. De hecho, el Grupo de Investigación Tecnológica de la policía acaba de detener a un internauta que se dedicaba a subir archivos de películas a páginas de almacenamiento masivo de archivos, cobrando por ello. Y cuidado con este tema, porque en los artículos 270 y 271 del Código Penal se contemplan penas de hasta cuatro años de prisión y 24 meses de multa por delitos relativos a la propiedad intelectual.
Obviamente, ante esta colisión de intereses algo habrá de hacerse para conciliarlos, pero por consenso, contando con el acuerdo de los creadores y de los internautas. El mismo presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, cree que antes de cerrar una puerta que ya forma parte de la vida de mucha gente, hay que ofrecer alternativas de pago para poder bajar cine o música de la red. Puede ser una vía si ese pago es realmente bajo, porque de hecho ya hay quien paga voluntariamente una cantidad anual a cambio de conseguir descargas más rápidas, de mayor calidad y mas seguras en lo que al peligro de virus se refiere.
Además han de considerarse opciones que ya se están dando, como la de los numerosos artistas llamados “copyleft” que quieren que su música circule por internet libre de cánones. O considerar la fuente de ingresos que supone la publicidad en estas páginas e incluso en las de contenidos ilegales que podrían compartir con los creadores. Y, por otra parte, estos deben tener en cuenta que cuando algo interesa al público de veras acaba produciendo dinero a quien lo creó; por ejemplo, la película “This is it”, con los últimos ensayos de Michael Jackson, ha recaudado en un mes en las salas 250 millones de dólares, según Sony Pictures, y en enero se lanzará en DVD.
De modo que pónganse a pensar y hablar sobre el tema, échenle imaginación y encuentren una solución que concilie intereses, no una que solo tenga en cuenta los de una parte que, casualmente, son amiguetes.