Han transcurrido 30 años desde que la Constitución Española convirtió a España en el Estado de las Autonomías y si bien no es un período largo en los más de 500 años de historia de nuestra Nación, sí es un tiempo lo bastante considerable como para que merezca la pena analizar lo sucedido y el balance que arrojan estos años de la nueva España constitucional.
Empezando por éste, resumámoslo respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Es la España de hoy más igualitaria, conexionada y solidaria que lo era en 1977? Obviamente no. La antigua solidaridad interregional ha sido sustituida por la pugna por meter lo mas posible la mano en la caja general para sacar y lo mínimo para meter, basándose en supuestos hechos diferenciales o en antiguos derechos fuera de tiempo y ya amortizados.
Las consecuencias de esa pugna son un distanciamiento entre las comunidades de nuestro país y diferencias sensibles entre ellas y sus habitantes.
Y el caso es que la Constitución Española parece garantizar esa necesaria conexión, cuando en su artículo 2 dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. Y el artículo 137.1 establece que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español…”. Y el 137.2 dice que “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Pero el mismo artículo 2 incluía un elemento disgregador y destructor cuando seguía “….y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran….”. Este error, este inmenso error de la introducción del término “nacionalidades”, en 1978 se consideró una concesión intranscendente a los partidos nacionalistas, para tratar de satisfacerles y atraerles a la aprobación de la nueva Constitución –lo que no evitó que el PNV propugnara la abstención en el referéndum de diciembre 1978 para su aprobación-.
El hecho es que, sobre esas bases se constituyó el Estado de las Autonomías, algo que nadie sabe qué es, aunque en apariencia pretendía ser una especie de Estado Regional, intermedio entre un Estado centralizado y un Estado Federal –peligroso por el derecho intrínseco a la autodeterminación de los Estados miembros- y muy alejado del Estado Confederal –con un Gobierno central aún mas débil y unos Estados asociados potencialmente mas soberanos que en el caso del Estado Federal-.
Pero la situación se ha salido del cauce pretendido por unos y se ha desbordado en la línea esperada por otros. En la actualidad, además de importantes desequilibrios económicos que, casualmente, priman a las autonomías mas nacionalistas, la autonomía vasca ha conseguido imponer el término ”País” en su denominación, la catalana “Nación” –concepto discutido y discutible según el Presidente del Gobierno, ¿?- y la andaluza juega con “realidad nacional” y “nacionalidad” en el suyo reciente. De modo que la España para hablar de la cual, hasta no hace mucho, utilizábamos indistintamente los términos Nación, País o Estado, apenas se ha quedado con este último en exclusiva. Y ya veremos por cuánto tiempo.
Bueno, y considerando que treinta años de numerosas y sucesivas concesiones a los nacionalistas nos han conducido a una situación de desequilibrio, desigualdad e insolidaridad, a una probable disgregación a la que avanzamos a una velocidad centrífuga cada vez mayor, ¿qué debería hacerse para evitarlo? En mi opinión, la parada y marcha atrás que propugnaba Ortega en 1932, cuando llegó a su límite con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y renunció a su escaño de diputado. ¿Y cómo se hace eso? Consideremos algunas posibles acciones:
-Dado que las medidas a tomar implican cambios constitucionales, estos podrían adoptarse tras mayoría absoluta en el Senado, de dos tercios en el Congreso y posterior referéndum. Sería fácil obtener estas mayorías si los dos partidos mayoritarios llegaran a un acuerdo. ¿Por qué no? Ya lo han hecho para desalojar del gobierno vasco a los nacional-separatistas del PNV.
-Nuestro actual sistema electoral ha permitido que los partidos nacionalistas obtuvieran un número de diputados que, cuando ninguno de los partidos nacionales obtenía mayoría absoluta, les colocaba en una situación privilegiada que les permitía vender muy caros los apoyos. El problema es que el artículo 68.2 de la Constitución marca la provincia como circunscripción electoral, lo que permite que, por ejemplo, tomando como referencia las últimas elecciones generales, IU obtuviera solo 5 escaños con 1.296.532 votos, mientras que EAJ-PNV conseguía 7 con 417.154 votos, ERC 8 con 649.999 y CIU 10 con 829.046. Ello es manifiestamente injusto y consagra la desigualdad entre los votantes. Obviamente, la solución lógica es la circunscripción electoral única para las elecciones al Congreso de los Diputados, probablemente complementada por un porcentaje mínimo, a determinar entre 3 y 5%, necesario para la adjudicación de representación.
Naturalmente, los nacionalistas siempre podrían unirse en una nueva Galeuzca, como la de 1933 o la de la Declaración de Barcelona de 1988, firmada por CIU, PNV y BNG. Pero habría que ver si sus respectivos egoísmos individuales les permitirían plantear una posición única y si estaban dispuestos a mantener una confrontación abierta, a cara de perro, con el resto de España.
La provincia como circunscripción electoral podría mantenerse para las elecciones al Senado, dada la condición de Cámara territorial de este.
-En el ámbito electoral, otro cambio sería la sustitución de las actuales listas cerradas en las elecciones al Congreso de los Diputados por listas abiertas. De ese modo, se conseguirían mayorías mas claras en los temas de interés general, porque los diputados tendrían que considerar también este y no solo las consignas de su partido.
-Naturalmente, otra medida sería la supresión del término “nacionalidades del artículo 2 de la Constitución.
-Para que no queden dudas al respecto de que España es una sola nación, una ley debería dejar claro que ningún partido puede denominarse “Nacionalista”, porque eso indica claramente que su objetivo primordial es el establecimiento de una nueva nación.
-Asimismo, serían eliminadas todas las denominaciones de País, Nación o Nacionalidad de los respectivos Estatutos de Autonomía.
-El Estado recuperaría las competencias básicas en enseñanza, que se ejercería en cada Autonomía con respeto a la lengua de todos y a la autóctona si la hubiera.
-La administración hacendística de cada Autonomía no puede basarse en, como antes decíamos, supuestos hechos diferenciales o en antiguos derechos fuera de tiempo y ya amortizados. El sistema debe rehacerse desde un punto de vista actual y práctico y con los criterios de igualdad, solidaridad y eficacia como objetivos primordiales.
-Por supuesto, mucho de lo anterior provocaría rechazos. Convendría que nuestros gobernantes enmarcaran y tuvieran muy a la vista el artículo 155 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar, las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la aprobación del citado interés general”
Probablemente todo lo anterior suena a utopía. La cuestión es: ¿mejoraría o no la situación en España si esas medidas se llevaran a cabo?
Empezando por éste, resumámoslo respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Es la España de hoy más igualitaria, conexionada y solidaria que lo era en 1977? Obviamente no. La antigua solidaridad interregional ha sido sustituida por la pugna por meter lo mas posible la mano en la caja general para sacar y lo mínimo para meter, basándose en supuestos hechos diferenciales o en antiguos derechos fuera de tiempo y ya amortizados.
Las consecuencias de esa pugna son un distanciamiento entre las comunidades de nuestro país y diferencias sensibles entre ellas y sus habitantes.
Y el caso es que la Constitución Española parece garantizar esa necesaria conexión, cuando en su artículo 2 dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. Y el artículo 137.1 establece que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español…”. Y el 137.2 dice que “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Pero el mismo artículo 2 incluía un elemento disgregador y destructor cuando seguía “….y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran….”. Este error, este inmenso error de la introducción del término “nacionalidades”, en 1978 se consideró una concesión intranscendente a los partidos nacionalistas, para tratar de satisfacerles y atraerles a la aprobación de la nueva Constitución –lo que no evitó que el PNV propugnara la abstención en el referéndum de diciembre 1978 para su aprobación-.
El hecho es que, sobre esas bases se constituyó el Estado de las Autonomías, algo que nadie sabe qué es, aunque en apariencia pretendía ser una especie de Estado Regional, intermedio entre un Estado centralizado y un Estado Federal –peligroso por el derecho intrínseco a la autodeterminación de los Estados miembros- y muy alejado del Estado Confederal –con un Gobierno central aún mas débil y unos Estados asociados potencialmente mas soberanos que en el caso del Estado Federal-.
Pero la situación se ha salido del cauce pretendido por unos y se ha desbordado en la línea esperada por otros. En la actualidad, además de importantes desequilibrios económicos que, casualmente, priman a las autonomías mas nacionalistas, la autonomía vasca ha conseguido imponer el término ”País” en su denominación, la catalana “Nación” –concepto discutido y discutible según el Presidente del Gobierno, ¿?- y la andaluza juega con “realidad nacional” y “nacionalidad” en el suyo reciente. De modo que la España para hablar de la cual, hasta no hace mucho, utilizábamos indistintamente los términos Nación, País o Estado, apenas se ha quedado con este último en exclusiva. Y ya veremos por cuánto tiempo.
Bueno, y considerando que treinta años de numerosas y sucesivas concesiones a los nacionalistas nos han conducido a una situación de desequilibrio, desigualdad e insolidaridad, a una probable disgregación a la que avanzamos a una velocidad centrífuga cada vez mayor, ¿qué debería hacerse para evitarlo? En mi opinión, la parada y marcha atrás que propugnaba Ortega en 1932, cuando llegó a su límite con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y renunció a su escaño de diputado. ¿Y cómo se hace eso? Consideremos algunas posibles acciones:
-Dado que las medidas a tomar implican cambios constitucionales, estos podrían adoptarse tras mayoría absoluta en el Senado, de dos tercios en el Congreso y posterior referéndum. Sería fácil obtener estas mayorías si los dos partidos mayoritarios llegaran a un acuerdo. ¿Por qué no? Ya lo han hecho para desalojar del gobierno vasco a los nacional-separatistas del PNV.
-Nuestro actual sistema electoral ha permitido que los partidos nacionalistas obtuvieran un número de diputados que, cuando ninguno de los partidos nacionales obtenía mayoría absoluta, les colocaba en una situación privilegiada que les permitía vender muy caros los apoyos. El problema es que el artículo 68.2 de la Constitución marca la provincia como circunscripción electoral, lo que permite que, por ejemplo, tomando como referencia las últimas elecciones generales, IU obtuviera solo 5 escaños con 1.296.532 votos, mientras que EAJ-PNV conseguía 7 con 417.154 votos, ERC 8 con 649.999 y CIU 10 con 829.046. Ello es manifiestamente injusto y consagra la desigualdad entre los votantes. Obviamente, la solución lógica es la circunscripción electoral única para las elecciones al Congreso de los Diputados, probablemente complementada por un porcentaje mínimo, a determinar entre 3 y 5%, necesario para la adjudicación de representación.
Naturalmente, los nacionalistas siempre podrían unirse en una nueva Galeuzca, como la de 1933 o la de la Declaración de Barcelona de 1988, firmada por CIU, PNV y BNG. Pero habría que ver si sus respectivos egoísmos individuales les permitirían plantear una posición única y si estaban dispuestos a mantener una confrontación abierta, a cara de perro, con el resto de España.
La provincia como circunscripción electoral podría mantenerse para las elecciones al Senado, dada la condición de Cámara territorial de este.
-En el ámbito electoral, otro cambio sería la sustitución de las actuales listas cerradas en las elecciones al Congreso de los Diputados por listas abiertas. De ese modo, se conseguirían mayorías mas claras en los temas de interés general, porque los diputados tendrían que considerar también este y no solo las consignas de su partido.
-Naturalmente, otra medida sería la supresión del término “nacionalidades del artículo 2 de la Constitución.
-Para que no queden dudas al respecto de que España es una sola nación, una ley debería dejar claro que ningún partido puede denominarse “Nacionalista”, porque eso indica claramente que su objetivo primordial es el establecimiento de una nueva nación.
-Asimismo, serían eliminadas todas las denominaciones de País, Nación o Nacionalidad de los respectivos Estatutos de Autonomía.
-El Estado recuperaría las competencias básicas en enseñanza, que se ejercería en cada Autonomía con respeto a la lengua de todos y a la autóctona si la hubiera.
-La administración hacendística de cada Autonomía no puede basarse en, como antes decíamos, supuestos hechos diferenciales o en antiguos derechos fuera de tiempo y ya amortizados. El sistema debe rehacerse desde un punto de vista actual y práctico y con los criterios de igualdad, solidaridad y eficacia como objetivos primordiales.
-Por supuesto, mucho de lo anterior provocaría rechazos. Convendría que nuestros gobernantes enmarcaran y tuvieran muy a la vista el artículo 155 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar, las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la aprobación del citado interés general”
Probablemente todo lo anterior suena a utopía. La cuestión es: ¿mejoraría o no la situación en España si esas medidas se llevaran a cabo?
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