martes, 21 de abril de 2009

PRIMERA OBVIEDAD: Sobre la lengua

Quiero aclarar que el orden de prelación no es indicativo de orden de importancia o prioridad. Puede ser simplemente una cuestión de oportunidad. En este caso quiero hablar del español, porque es precisamente la lengua en la que me estoy expresando, mi lengua.
En el Preámbulo de la Constitución Española se habla de “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.
En el artículo 3.1 de la misma se dice: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
De acuerdo con ello y con lo que es normal y lógico en todos los países de nuestro entorno, es obvio que todo español debería tener el derecho a usar la lengua oficial del Estado en cualquier lugar de España. Pues el hecho anormal e ilógico es que no es así:
-Hay lugares en España donde rotular el nombre de un establecimiento en esa lengua es sancionado con multa.
-Hay lugares en España donde no se puede recibir la educación en esa lengua.
-Hay lugares en España donde esa lengua está siendo perseguida y erradicada.
¿Cómo hemos llegado a eso y cómo es posible que se haya llegado a esa situación sin que se hayan conmovido hasta sus cimientos la justicia y todos los estamentos de la sociedad española?
Para mí que a la situación actual se ha llegado de una manera progresiva a través de una sucesión de hechos aceptados mas o menos importantes, ninguno quizás con la suficiente importancia como para provocar una rebelión, promovidos y negociados por los políticos y trasegados sin saborear por una sociedad a la que se ha conducido al abandono de conceptos absolutos e instalado en la mas absoluta relativización.
Un claro ejemplo es la pelea sostenida y ganada por los nacionalistas para denominar la lengua oficial del Estado, que ya en la propia Constitución es llamada “castellano” –y no “español”-, denominación que se ha extendido y generalizado en España. El objetivo era claro, decir “español” es referirse a una lengua importante, la lengua hablada como vernácula por más de 400 millones de personas en el mundo. Es difícil tratar de poner a su altura a otras lenguas, también oficiales en España, pero que, todas juntas, son habladas, a lo sumo, por 8 millones de personas. Por lo tanto, lo que había que hacer era reducir su denominación a algo que sonara local: “castellano”, o sea, algo que no suena a general, sino como propio de una zona, similar a catalán o vasco o incluso gallego.
Pero como decía Cela, “el castellano es el bellísimo español que se habla en Castilla” y a nuestra lengua común solo se le llama así en España. Entre ingleses se referirían a ella como “spanish”, entre franceses como “espagnol”, entre portugueses como “espanhol”, entre italianos como “spagnolo”, entre alemanes como “spanisch” y de manera más o menos similar en todos los idiomas del mundo, siempre con el significado de español. Nunca se referirían a ella como castellano. Pero en España sí. Y los nacionalistas la minimizan y la colocan detrás de la que entienden como única lengua propia y hacen lo posible por desarraigarla, sin que ni siquiera se den cuenta los que lo hacen de que están privando a sus propios hijos de una ventaja que ellos sí tienen: la de ser bilingües. Además de hacerles incumplir “el deber de conocerla” –la lengua oficial del Estado- que figura en la Constitución.
Y el Estado español lo permite, lo acepta, e incluso en los presupuestos de este año hay partidas especiales destinadas a las comunidades con lengua propia, dinero que van a emplear fundamentalmente en eliminar el español en su Autonomía.
Pues me niego. Y reclamo como obvio el derecho de todos a utilizar el español en cualquier Comunidad de las que componen España sin ser perseguido por ello y de recibir educación en español si así lo requiere. Exijo una situación similar a la de Francia, en la que también existen lenguas regionales –catalán, vascuence, bretón y corso- las cuales pueden ser enseñadas en sus respectivas regiones de origen, pero en modo alguno pueden ser impuestas, ni en lugar del francés ni adicionalmente al mismo.

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