VIGESIMOTERCERA OBVIEDAD: Sobre nuestra fauna política

Hace bastantes años, cuando entré en el despacho del director técnico de una importante empresa industrial, me llamó la atención un letrero diseñado y situado de manera que no pudiera pasar desapercibido a cualquiera que entrara en el despacho: “Si no traes la solución eres parte del problema”. Aquel hombre avisaba a sus subordinados de que su trabajo consistía no solo en constatar o mejor anticipar los problemas de la instalación, sino que además debían estudiar las posibles soluciones y exponérselas, y que él las evaluaría y autorizaría la ejecución de la que se revelara más idónea. Y si no lo hacían así, no resultaban útiles.
Y he recordado esto al leer información sobre la última encuesta realizada por el CIS –Centro de Investigaciones Sociológicas-, que coloca a los políticos en general y a los partidos en particular en tercera posición de la lista de problemas nacionales, según la ciudadanía. En dicha lista, el desempleo ocupa el primer lugar, con el 78,4%, las dificultades económicas en general el segundo con 46% y el tercer lugar –y ascendiendo- es para los políticos, llevados ahí por el 16,6% de los entrevistados y por delante de la inmigración -13,7%-, el terrorismo -13,1%- y la inseguridad ciudadana -11,1%-.
De modo que el descrédito de nuestra clase política es considerable y creciente, ya que en un solo año han pasado del 7% al 16,6% los ciudadanos que la consideran el mayor de los problemas nacionales, porque entienden que no aportan soluciones sino más problemas. Y es obvio que razones tienen para ello. Hagamos un breve repaso:
-El Gobierno, después de negar la crisis económica, ha hecho como que la afronta, tardíamente, con parches, declaraciones voluntaristas y medidas como las recogidas en los Presupuestos 2010, con subidas de impuestos como los IVA reducido –de 7 a 8%- y general –de 16 a 18%- y eliminación de deducciones como la de 400 € del IRPF. Además, aumenta el gasto público consuntivo, reduce la inversión productiva –sobre todo en I+D+i- y permite subidas como la de la factura eléctrica. No hay en la acción del Gobierno nada que favorezca el incremento de la productividad, necesario para que se mejore nuestra competitividad, condición sin la cual nuestra salida de la crisis será larga y penosa.
-El principal partido de la oposición parece pasar la mayor parte de su tiempo sentando delante de su casa, esperando ver pasar el cadáver de su enemigo, cuando debería estar trabajando arduamente, tratando de hacer llegar a la ciudadanía la esperanza, recordándoles que ya sacaron a España de otra crisis profunda en la que la sumieron los socialistas y explicando una y otra vez lo que harían para salir de esta.
-En cuanto a los otros partidos, o están empeñados en la fragmentación del Estado y en situarse localmente lo mejor posible, o mirándose el ombligo sin ver más allá, o sumidos en la incoherencia o en la corrupción. Véanse si no ejemplos como los del PNV –sí al aborto a cambio de dinero y no al obispo Munilla, guipuzcoano y dominador del euskera, por no ser nacionalista- o el de Unión Mallorquina, con su desfile de corruptos ante los jueces.
Pero a nuestra clase política su regeneración parece no preocuparle. Ajenos al descrédito que la inoperancia y la corrupción que les aqueja –y sálvese quien pueda porque ciertamente hay una parte salvable- suscita en los ciudadanos, viven en su particular mundo y disfrutan de las ventajas del mismo que, eso sí, se afanan en incrementar. Por ejemplo, el día 22, los miembros del Congreso de los Diputados, cansados de la dura batalla, se despidieron del hemiciclo hasta febrero, para reunirse con sus abandonadas familias, descansar merecidamente, lamerse las heridas y meditar sobre cómo aumentar el número y alcance de sus prebendas, sabiendo que ese tema sí es capaz de conseguir aprobaciones unánimes.
Pues esto es lo que, mayormente, tenemos. ¡Señor, qué cruz!
Se impone que la sociedad civil exija a sus políticos regeneración, dedicación, trabajo, formación –los hay, y muchos y situados muy arriba, que solo han sido en su vida políticos, sin haber desarrollado otra actividad profesional-. Y, sin duda, ayudaría mucho que los principales puestos de los gobiernos central y autonómicos se limitaran a dos legislaturas y que las listas de candidatos a las elecciones al Congreso fueran abiertas, para que la ciudadanía pudiera elegir y los diputados se debieran en primer lugar a sus electores y no a su partido.
Ya sé que muchos lectores se estarán, a estas alturas, riendo de mi ingenuidad. Pues que sepan que voy a mirar en mi interior y sacar de lo profundo el residuo de ilusión que pueda quedar del niño que hubo en mí y voy a pedir a los Reyes que nos traigan todo eso –a los Reyes Magos, por supuesto. A los de aquí ya les he perdido la fe-.

VIGESIMOSEGUNDA OBVIEDAD: Sobre internet y las descargas

Cuando he tenido conocimiento de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible –qué palabra esta: la economía, per se, si no es sostenible no es economía- me he acordado de los maravillosos jardines de Los Alcázares en Sevilla, en los que puedes estar dando un agradable y sosegado paseo y, de repente, encontrarte en un laberinto que existe en los mismos y del que toma tiempo salir y que puede resultar algo angustioso para los claustrofóbicos. Y si me ha venido este recuerdo es por la frecuencia y la facilidad que tiene este Gobierno que España padece para meterse gratuita e innecesariamente en jardines en los que se enreda, se enmaraña, se pierde y a veces no sabe cómo salir sin dejar un rastro de destrozos más o menos irreparables.
Ahora se trata de las medidas que se pretenden tomar para la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” y que se incluyen en la Disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Se adscribe al Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual –se dice que se crea pero en realidad ya existía con ese nombre desde la Ley 23/2006-, “como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de la propiedad intelectual….. frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información, en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002” que permiten interrumpir las prestaciones de servicios de dichas sociedades de la información. O sea, que la ley capacitaría a la Comisión para cerrar webs.
Y, consecuentemente, ya está el lío armado. Se produce una colisión de intereses y la sociedad se divide –sin considerar a los que pasan y a los que ni siquiera se enteran de lo que está pasando- en los partidarios de esta nueva normativa e incluso de ir más allá con ella y los que entienden que con la nueva disposición se vulnerarían libertades y derechos fundamentales.
Los partidarios, representados por entidades como la potente y conocida SGAE, Promusicae (plataforma de derechos de autor que procede de la industria discográfica) o EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales), exigen la protección de los derechos de los creadores, lo que en principio parecería una pretensión perfectamente lógica y justa, si no se dieran algunas circunstancias:
-Parece que los derechos que mas preocupan a las entidades que representan a los creadores son los musicales y audiovisuales y que prácticamente no les interesan otros. Por ejemplo, hace muchos años que los autores de libros, también creadores, ven como un libro suyo puede ser leído por docenas de lectores en una biblioteca pública, y hay cientos de estas en España. Y hay muchos mas creadores artísticos como pintores y escultores, y técnicos como arquitectos e ingenieros.
-La sociedad en general está profundamente irritada contra el canon digital, que con la excusa de permitir la copia privada grava todos los medios grabadores, reproductores o soportes de reproducción con cantidades que oscilan desde los 0,16 €/h para los discos compactos (CD), hasta los 227 € para copiadoras de 70 o mas ppm. El cobro de este impuesto se encuentra recurrido por vía penal por internautas y usuarios que piensan que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia que se recoge en el artículo 24 de la Constitución Española.
-La irritación se extiende a algunas sociedades como la SGAE, por la voracidad con que se lanza sobre actos públicos y privados, exigiendo dinero por interpretaciones musicales o teatrales incluso de autores anónimos. Las entidades de gestión de derechos como la SGAE son privadas, o sea, sin control. La propia SGAE ha informado que por cada CD vendido 6% del canon va a los artistas y el resto es para entidades como ella misma y para las compañías discográficas.
-La SGAE y la llamada Coalición de Creadores han enviado al Ministerio una lista con aproximadamente 200 páginas web a las que atribuyen difusión ilegal de contenidos y que, hipotéticamente, si la nueva ley se pone en vigor como está redactada, podrían ser cerradas por decisión administrativa si así lo pidiera la Comisión de Propiedad Intelectual.
-Comoquiera que para que haya delito se requiere que la web en cuestión albergue archivos ilegales y que exista ánimo de lucro en su puesta a disposición, las entidades que representan a los llamados creadores quieren que sean también objetivos de la nueva ley las páginas que enlazan a los objetivos sin albergarlos, porque han fracasado persiguiéndolas judicialmente.
Del otro lado, los internautas entienden que hay muchas razones para oponerse a la nueva ley:
-Los internautas han bautizado la normativa como “ley antidescargas” y han hecho público un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, porque entienden que las modificaciones legislativas que pretenden introducirse vulneran libertades y derechos de expresión, información, comunicación, privacidad, acceso a ala cultura, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Este último punto es de los más considerados para el rechazo de la pretendida nueva ley. Hay una opinión generalizada de que cerrar páginas por decisión administrativa atenta contra el “derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales” que se recoge en el artículo 24 de la Constitución.
-El ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, ha dicho que es extremadamente peligroso que la Administración ponga freno a la libertad de expresión y se convierta en tuteladora de ese derecho, o de los de conocimiento y opinión. Considera exigible un control judicial.
-El PP acusa al Gobierno de reinventar la censura para internet, al introducir la posibilidad de recortar la libertad de publicación y cerrar páginas web sin autorización judicial. El PP entiende que se vulneran derechos fundamentales como los de libertad de expresión e información.
-Se está extendiendo la idea, que el Gobierno niega, de que la Comisión de Propiedad Intelectual se erigirá en un órgano de vigilancia de la red, sobre todo basándose en el hecho de que en la nueva normativa se autoriza a los órganos competentes a “requerir a los prestadores de servicios de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación” de los presuntos vulneradores de los derechos de propiedad intelectual. Se están refiriendo a Telefónica, Jazztel, etc.
-Un motivo de queja de los internautas es que antes de elaborar y hacer público el Anteproyecto de Ley, se ha consultado a entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE, pero no a los internautas.
El hecho es que las modificaciones legislativas que se pretenden introducir han producido tal rechazo y tal enfado de los internautas que han atemorizado al Gobierno, que seguramente no olvida la influencia que tuvo la red en la elección de Obama. De modo que enseguida ha empezado a reaccionar: Francisco Caamaño, Ministro de Justicia, tras una desafortunada intervención en la que defendió el cierre administrativo de webs de descargas ilegales equiparándolo con el de otras páginas de internet que enseñan a hacer bombas, ha dicho que el cometido de la comisión de Propiedad Intelectual es instar a la Justicia a cerrar la página desde la que se hacen descargas ilegales de contenidos y que la Justicia decida, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, o sea, que las descargas sean generalizadas y que exista ánimo de lucro. Zapatero ha dicho que su Gobierno “no va a cerrar ninguna página web bajo ningún concepto”, desautorizando a la directora y guionista de televisión y presidenta de la Academia del Cine española hasta su nombramiento como Ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, objeto más directo de las iras de los internautas por su parcialidad, ya que antes de su nombramiento como ministra se había pronunciado en contra de las descargas gratuitas y ahora se dice que su próxima pretensión es que se cobre canon por el ADSL. José Blanco, Ministro de Fomento, ha apostillado/matizado lo dicho por Zapatero diciendo que no se cerrará ninguna web “sin autorización judicial”.
Supongo que además de tratar de calmar al personal, las nuevas disposiciones van a seguir su andadura en su lucha contra las descargas. De hecho, el Grupo de Investigación Tecnológica de la policía acaba de detener a un internauta que se dedicaba a subir archivos de películas a páginas de almacenamiento masivo de archivos, cobrando por ello. Y cuidado con este tema, porque en los artículos 270 y 271 del Código Penal se contemplan penas de hasta cuatro años de prisión y 24 meses de multa por delitos relativos a la propiedad intelectual.
Obviamente, ante esta colisión de intereses algo habrá de hacerse para conciliarlos, pero por consenso, contando con el acuerdo de los creadores y de los internautas. El mismo presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, cree que antes de cerrar una puerta que ya forma parte de la vida de mucha gente, hay que ofrecer alternativas de pago para poder bajar cine o música de la red. Puede ser una vía si ese pago es realmente bajo, porque de hecho ya hay quien paga voluntariamente una cantidad anual a cambio de conseguir descargas más rápidas, de mayor calidad y mas seguras en lo que al peligro de virus se refiere.
Además han de considerarse opciones que ya se están dando, como la de los numerosos artistas llamados “copyleft” que quieren que su música circule por internet libre de cánones. O considerar la fuente de ingresos que supone la publicidad en estas páginas e incluso en las de contenidos ilegales que podrían compartir con los creadores. Y, por otra parte, estos deben tener en cuenta que cuando algo interesa al público de veras acaba produciendo dinero a quien lo creó; por ejemplo, la película “This is it”, con los últimos ensayos de Michael Jackson, ha recaudado en un mes en las salas 250 millones de dólares, según Sony Pictures, y en enero se lanzará en DVD.
De modo que pónganse a pensar y hablar sobre el tema, échenle imaginación y encuentren una solución que concilie intereses, no una que solo tenga en cuenta los de una parte que, casualmente, son amiguetes.

VIGÉSIMOPRIMERA OBVIEDAD: Sobre la propiedad privada y los “ocupas”.

Dos noticias aparecidas en noviembre sobre ocupación de viviendas y las pesadillas que están sufriendo las víctimas de las mismas, ponen de manifiesto que vivimos en una sociedad surrealista, desnortada, en la que los individuos que contravienen las leyes gozan de mayores opciones y consideración que los que las respetan y donde la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos por parte de la justicia brilla por su ausencia.
La primera de las noticias da cuenta ahora de un hecho que realmente se ha producido hace casi un año y medio: una familia sale de vacaciones de su casa en Barcelona y cuando vuelve no puede acceder a la misma porque la cerradura ha sido cambiada por alguien que ha ocupado ilegalmente su vivienda. Según cuenta Libertad Digital, la denuncia ante los Mozos de Escuadra no sirvió de nada porque estos se declararon incompetentes en el asunto, de modo que los afectados optaron por la vía judicial y ganaron una demanda por desahucio, pero ahora tienen que esperar a que la justicia –por darle un nombre, aunque sus hechos como institución cada día se correspondan menos con su significado- resuelva a su favor en febrero el recurso de apelación presentado por los ocupas y estos sean desalojados de la vivienda. Entretanto, la familia víctima de esta tropelía ha visto como sus enseres personales eran arrojados por la ventana y se han enterado de que los ocupas les han desempadronado de su domicilio en el Ayuntamiento para empadronarse ellos. Y además se ven obligados a pagar el alquiler, el agua y la luz de la vivienda para mantener sus derechos sobre esta que es propiedad del Patronato de la Generalidad.
El otro caso aparecido hace días en los medios de comunicación es el de una joven pareja que ha comprado recientemente una vivienda unifamiliar en Castelldefels y a quienes unos ocupas han impedido llegar a habitarla porque durante sus vacaciones se han instalado en ella, tras derribar la puerta metálica de entrada y parte de la valla. Los jóvenes que además de haber sido desposeídos de su propiedad sienten temor porque los ocupantes son indeseables con antecedentes penales, han denunciado el hecho y ahora esperan impotentes una resolución judicial.
Los dos casos citados se han dado en Cataluña, donde en los últimos seis años se han dado profusión de ocupaciones, en buena parte realizadas por gentes antisistema que se han sentido crecidos por las actuaciones de algunos jueces –como el que condenó en 2004 al Ayuntamiento de Barcelona por vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de unos ocupas al desalojarles amparándose en una decisión administrativa y no judicial- o por las opiniones favorables de algunos cargos públicos, como la anterior ministra María Antonia Trujillo, que consideró la ocupación otro estilo de vida, o la concejala del Ayuntamiento de Barcelona Inma Mayol, pareja del consejero de Interior de la Generalidad Joan Saura, que se consideró a sí misma antisistema y defensora de los ocupas y abogó por despenalizar la ocupación de inmuebles deshabitados y su regulación por vía civil.
En ese caldo de cultivo han proliferado las ocupaciones, como la de una antigua fábrica del barrio de Pueblo Nuevo en 2006, realizada tras una manifestación de una cincuentena de radicales y ante la pasiva presencia de los Mozos de Escuadra del muy progre Joan Saura. Y también se han producido fuertes protestas en algunos sectores sociales cuando se han realizado desalojos por orden judicial, como fue en enero 2007 el caso de Can Mireia, una casa ocupada durante diez años en Trinitat Vella.
Ante tanta facilidad para cometer tales hechos, cualquiera podría pensar que legalmente no hay nada que ampare a los ciudadanos de la agresión que supone la ocupación de su domicilio o propiedad. Pero no es así:
-El artículo18 de la Constitución Española, que forma parte de la Sección 1a -De los derechos fundamentales y de las libertades públicas- del Capítulo Segundo –Derechos y libertades-, dice que “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.
-El artículo 33 de la Sección 2a -De los derechos y deberes de los ciudadanos-, dice que “Se reconoce el derecho a la propiedad privada……. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.
-El artículo 202 del Código Penal vigente, integrado en el Capítulo II –Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público-, del Título X -Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio-, dice que “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses”.
De modo que el asunto está claro y los derechos están, en teoría, legal y suficientemente protegidos. Pero la policía no puede actuar de inmediato y desalojar y detener al ocupa, aunque sea evidente que se están conculcando derechos y que se ha producido un allanamiento. Si se presenta una denuncia la policía se declara impotente y esta debe hacerse en sede judicial, mediante una demanda de desahucio, con lo que el procedimiento cuesta tiempo y dinero –a la víctima, porque el o los ocupas van a declararse insolventes- hasta que se llega, si todo va bien y no se tropieza con algún juez “especial”, al fallo favorable y se desestima la apelación que seguramente será presentada.
En cuanto los ladrones se paren a considerarlo, se darán cuenta de que si son sorprendidos en flagrante delito en el interior de una vivienda ajena, lo que deben hacer es declararse ocupas.
Es obvio que se necesita la imposición de un procedimiento rápido, sumario, que devuelva en días la propiedad a quien tiene derecho real a hacer uso de ella y ponga en la cárcel al ocupa. Y entretanto, si tiene usted la desgracia de sufrir una ocupación, antes de acudir a la justicia trate por sus propios medios de expulsar a los ocupas y si lo consigue se ahorrará disgustos, tiempo y dinero. ¡Qué penoso!

VIGÉSIMA OBVIEDAD: Sobre la corrupción (II) y los tontos investidos

En el artículo anterior, dedicado a la corrupción, hablaba del despilfarro como una de las formas de esta, de gastar sin necesidad en cosas que carecen de utilidad, que no reportan beneficio alguno –incluso a veces comportan perjuicio- a la sociedad a la que supuestamente representan los despilfarradores. Y dentro de ese grupo se podría incluir el gasto en la contratación de un servicio de traductores, ordenado por el secretario de Cooperación de la Generalitat, David MInoves, que obligó a una veintena de nicaragüenses que visitaban oficialmente el Parlamento catalán a ponerse unos auriculares que les permitieran oír la traducción simultánea del catalán en el que les hablaban Minoves y algún otro iluminado. Naturalmente, de acuerdo con la lógica absurda que motiva a las gentes que así actúan, el servicio contratado incluía la traducción al catalán de la respuesta en español de los nicaragüenses, servicio que fue desperdiciado por los diputados catalanes, al igual que los auriculares, porque ninguno hizo uso de estos, dado que todos ellos entendían a los centroamericanos. Quizás esta astracanada tenga sentido en un próximo futuro, porque la erradicación a la que se está sometiendo el español en Cataluña producirá generaciones que a duras penas lo entiendan y menos lo hablen.
Otra muestra de gasto innecesario, incluso estúpido, es el auspiciado por la presidencia del Consejo de la Juventud de la Junta de Extremadura, Laura Garrido –al parecer otro ejemplar de la misma especie que Bibiana Aido y Leire Pajín-, de 14.400 € en una campaña consistente en “fomentar la autoexploración sexual y el autodescubrimiento del placer”, que lleva el lema de “El placer está en tus manos” y que ha sido encargada a la tienda madrileña de juguetes sexuales “Los placeres de Lola” y que también se refiere a la homosexualidad, proponiendo a los jóvenes de 14 a 17 años, a los cuales está dirigida la campaña, “tener una experiencia homosexual” y comparar, para aclarar sus posibles dudas acerca de sus propias tendencias. Ante las críticas que ha suscitado esta campaña, Laura Garrido –supongo que después de ponderar las críticas y meditar sesuda y profundamente al respecto- ha manifestado su “orgullo y satisfacción por la realización de esta campaña”. Y eso en una Comunidad, la extremeña, cuyo porcentaje de gente bajo el umbral de la pobreza es el mayor de España -38,4% en 2008, con una media nacional de 19,6%-.
Santiago Amón, además de otras cosas filósofo, poeta y, sobre todo, humanista, dijo que “en España es que no cabe un tonto más”, frase rescatada del olvido por el buen profesional del periodismo que es Alfonso Rojo. La primera impresión cuando se escucha a alguno de los que perpetran una de las muchas estúpidas tropelías que estamos padeciendo, es de total adhesión. Pero cuando lo piensas un poco, te das cuenta de que no es exacta, sino que desde que se dijo por vez primera los tontos han proliferado como nunca, sobre todo los de una especie que yo llamo “tontos investidos”, o sea, tontos que, por influencias, enchufes o cierta habilidad como trepas, han sido investidos con un cargo que les da poder de hecho. Y digo solo poder y no también autoridad, para no correr el riesgo de que se entienda esta como en la tercera acepción del DRAE: “Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”. De eso nada.
Por si acaso quiero aclarar que cuando digo “tontos investidos” me refiero naturalmente a tontos y tontas, pero que sigo la línea marcada por la Academia de la Lengua, según la cual “el idioma español es un sistema económico en el que el masculino vale como género neutro”.
Por supuesto, además de los casos citados hay muchos más. A título de ejemplo recordemos algunos:
-El Consejo Escolar de Cataluña ha empleado parte del tiempo de sus miembros –que también cuesta dinero- en llegar a la conclusión de que, en aras de la multiculturalidad, las vacaciones de Navidad de los colegios deben llamarse vacaciones de invierno y las de Semana Santa vacaciones de primavera.
-El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de IU, ha renovado el callejero on-line de la localidad poniendo especial cuidado en que en el mismo no figuren señaladas las iglesias católicas, ni siquiera la ermita del Cristo de Rivas, del siglo XVII.
-Algún investido creó la Sociedad Pública de Alquiler, que después de haber gastado millones desde su creación en 2005 para conseguir auspiciar la extraordinaria cifra de 11.220 contratos de alquiler de viviendas, ha tenido que ser rescatada de la quiebra por el Gobierno aportando 8,5 millones de euros.
-Algunos de los investidos que han elaborado los presupuestos 2010 para el Estado, han incluido en ellos 34 millones de euros para ¿proyectos? en Cuba, lo que han compensado con creces recortando drásticamente los presupuestos para Ciencia e Innovación.
-La autoridad competente investida ha aprobado un presupuesto para 2010 de 6 millones de euros para el CAC –Consejo Audiovisual de Cataluña-, que cuenta con 104 funcionarios. El presupuesto va a ser, al parecer, mantenido a pesar de que el TSJC –Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- ha anulado 13 de los 18 artículos de la Instrucción General del CAC sobre la imposición de la lengua y la cultura catalana en los medios de difusión audiovisuales. Y el Gobierno central, para no ser menos que el catalán, ha aprobado ya el CEMA –Consejo Estatal de Medios Audiovisuales-, similar al CAC pero a nivel nacional.
Podría seguir ad infinitum, pero para no cansar ni cansarme y porque seguramente que a estas alturas ya habrá lectores que habrán pensado ¡qué me vas a contar!, creo que basta por hoy.
Sin embargo, no puedo resistir la tentación de despedirme reproduciendo una frase de la sin par y ocurrente Bibiana Aido: “Somos el espejo en el que se miran nuestros vecinos europeos”. Inefable criatura que, obviamente, es ministra.

DECIMONOVENA OBVIEDAD: Sobre la corrupción

Tengo la impresión de que muchos de nuestros jóvenes, cuando estén en ese estadio anterior y próximo a la búsqueda de un empleo, pensarán que les gustaría encontrar uno de funcionario público, seguro, con poco trabajo y preferiblemente en el municipio en que viven, para que resulte mas cómodo. Y, puestos a pedir y dejando volar la imaginación, porqué no un puesto como concejal de ese Ayuntamiento. Y ya en el colmo de su fantasía desearán que la concejalía sea la de Urbanismo, la que ofrece las mayores y mejores posibilidades de hacerse rico en poco tiempo con el dinero que, por ser de todos, no es de nadie. Y si comentaran sus sueños con alguien y ese les hiciera notar que soñaban con convertirse en corruptos, le mirarían perplejos y pensarían que de qué guindo se había caído aquel pardillo y, a lo sumo, le dirían displicentemente que esa es la tónica general.
Y teniendo en cuenta la situación nacional, nadie debería extrañarse de que esas sean las aspiraciones de algunos de nuestros jóvenes. Sobre todo porque están aprendiendo que si te llevas dinero público lo peor que te puede ocurrir es que te pases un tiempo, no mucho, en la cárcel y que en cuanto salgas disfrutarás del dinero detraído de las arcas públicas. Porque lo habitual es que el dinero afanado no se restituya y que el corrupto lo disfrute, en lugar de que la sociedad tenga sus ojos puestos sobre él y le expropie cada euro que descubra en su poder, dejándole exclusivamente lo mínimo necesario para su supervivencia, hasta cobrarse todo lo que obtuvo fraudulentamente.
La verdad es que la corrupción está tan presente en la vida pública española que ya es una realidad con la que se convive cotidianamente y que a nadie sorprende, aunque a muchos asquee. Al respecto hay que recordar que el barómetro del CIS de octubre que enumera los problemas que preocupan a la ciudadanía, sitúa en el cuarto lugar a los políticos, después del paro, la economía y la inmigración y por delante del terrorismo y la delincuencia.
Es cierto que la corrupción no es algo nuevo. Sin necesidad de alejarse mucho en el tiempo, los que tenemos cierta edad recordamos casos ocurridos durante el franquismo, como el de Matesa, en el que se estafaron miles de millones de pesetas en créditos a la exportación de telares sin lanzadera que nunca fueron exportados; o el del Grupo Sofico, que quebró tras grandes chanchullos inmobiliarios y financieros. Y en ninguno de los casos se llegó a recuperar el dinero.
Pero da la impresión de que ahora la corrupción se ha hecho mayor, más fuerte, mas extendida a prácticamente todas las áreas, mas generalizada. Es como si con la democracia y entre todo lo bueno que esta traía se hubiera introducido subrepticiamente, contaminándolo todo, llegando a todas las instituciones apoyada en la politización de estas.
Y de esa corrupción en general pueden apreciarse distintos tipos:
-Está la corrupción en los ayuntamientos, generalmente relacionada con el urbanismo y donde son mas frecuentes los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documentos. Y como hay mas de 8.000 alcaldes, aproximadamente 66.000 concejales y un sinnúmero de asesores nombrados digitalmente, entre tanta gente hay mucho vividor facineroso. Como ejemplos de esto hay montones de casos, como los actuales de El Ejido, Mercasevilla, el caso Pretoria de Santa Coloma de Gramanet, el caso Malaya y tantos otros.
-Está la corrupción política de los funcionarios y gobiernos estatales y autonómicos, que va desde la prevaricación de situar y pagar como asesores o cargos de confianza a gentes de conocida incompetencia, hasta el tráfico de influencias o el abuso de poder y la apropiación indebida o la malversación de caudales públicos para la financiación ilegal del partido o para el enriquecimiento personal. Casos de estos hay muchos, como Filesa, Flick, el AVE a Sevilla, el caso Naseiro, el del túnel del Soller, el caso Gürtel, los personales de Luis Roldán, Juan Guerra, Rafael Vera, etc. Padecemos y hemos padecido a muchos que parecen opinar, como el político francés Talleyrand que “en política, el único principio bueno es no tener ninguno”.
-El despilfarro y la mala administración también entiendo que son formas de corrupción. A título de ejemplo el caso del municipio de Leganés, que acaba de hermanarse con Targhist, en Marruecos, ciudad famosa por su producción y comercio de hachís. Y este es el décimo hermanamiento, el anterior fue con Huzhou, en China. Los gastos de estos hermanamientos superan los 600.000 € anuales. Me pregunto qué beneficio obtiene el pueblo de Leganés de esto. O también sirve de ejemplo el hecho de que 82 ayuntamientos valencianos han pedido ayuda al Gobierno porque su tesorería está a cero. Y como ellos hay montones. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas deben miles de millones a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se ven avocadas a cerrar como consecuencia de esas deudas.
-También está la corrupción sindical: CCOO y UGT recibieron en el semestre en curso de este año 125 millones de euros en concepto de ayudas y subvenciones estatales, además de su parte de los EREs y otras zarandajas apoyadas en las miserias de los trabajadores y los parados que ya casi alcanzan el 20%, mientras algún sindicalista trata de olvidar su disgusto por el aumento del paro comiendo en el Bulli a 300 € el cubierto.
-Y también sufrimos la corrupción policial y la de la Justicia, plasmadas en casos como el del robo de drogas por policías en una comisaría sevillana, o el caso Faisán, o la liberación del asesino de Mari Luz por el juez Calamita, al que sus colegas, tan corporativos ellos, castigaron con una multita, mientras que al juez acusado de retrasar una adopción por parte de una lesbiana le caían un multazo y un montón de años de inhabilitación.
-Y concluyendo, porque no pretendo ser exhaustivo, está la corrupción civil, la de los que no tienen cargo público pero utilizan a los que lo tienen o se aprovechan de la buena fe de la gente y se apropian indebidamente de su dinero, como por ejemplo el caso de Gescartera.
La conclusión que puede sacarse de todo lo anterior, es que España lleva mucho sufriendo una crisis de moral, de ética, de valores, de principios, que ha ido creciendo hasta hacerse un gran parásito que vive –y muy bien- del trabajo de las buenas gentes del país. Por eso, cuando ha llegado la otra crisis, la económica global, a los españoles nos afecta más que a los demás, y su duración será mayor y saldremos de ella mas tocados.
Es obvio que se impone una política cuyo objetivo sea acabar con la corrupción. Para ello hay que endurecer las penas que la sancionan, hacer que las leyes garanticen la restitución de lo apropiado indebidamente y controlar y fiscalizar a los servidores públicos –qué concepto el de servidor tan ajeno a aquellos que se dedican a la cosa pública- y a aquellos de la empresa privada que manejan dinero depositado por la ciudadanía.

DECIMOSÉPTIMA OBVIEDAD: Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2010 y el voto de Rajoy

Los PGE 2010 ya han sido presentados. Leyendo un artículo sobre ellos en el que, entre otras consideraciones, se recordaba que los PGE se entiende que plasman la política del Gobierno que los presenta, me acordé de la ácida, punzante y crítica definición del cómico Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Y supongo que rememorar esta frase se debió a que le cuadra como traje a medida a la acción política de nuestro ínclito Presidente Zapatero –perdón por hablar de trajes, aseguro que no es mi intención herir susceptibilidades-.
Yendo al grano, hay que decir que, por lo que los medios informativos nos han hecho saber de ellos, los presupuestos son irreales, sobre todo desde el punto de vista de los ingresos -por IRPF, por tributación y por IVA- si se da el crecimiento negativo que hasta el propio Gobierno prevé, y que, por inadecuados, no responden en absoluto a las necesidades del país:
-Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España y veterano socialista, resume su crítica a los PGE 2010 en que sin recortar el gasto no productivo y sin reformar el mercado laboral, la recuperación económica será mas lenta y las cuentas públicas se hundirán por menores ingresos y mayor gasto por desempleo. Su diagnóstico es bastante similar a los de la OCDE y el FMI.
-El ex presidente Felipe González ha dicho que aún admitiendo que nuestra economía hubiera tocado fondo, se va a arrastrar bastante tiempo por él.
-Jordi Sevilla, el que fue portavoz económico del PSOE en la oposición, pide una urgente reforma laboral con un despido mas barato para nuevos contratos.
-Joaquín Almunia, comisario económico de la UE y distinguido socialista, piensa que España sufrirá una recesión mas prolongada que la media de la UE y que será la única economía europea que no verá el final del túnel a lo largo de 2009. Habla de desequilibrios estructurales que se traducen en falta de competitividad, indispensable para la recuperación y en cuyo ranking, según el Foro Económico Mundial, España está en el puesto 33 -y bajando-.
-Manuel Pizarro, diputado del PP, estima que en España hay dos crisis superpuestas, la financiera mundial y la específica de la competitividad española.
-The Economist ha dicho que la política de Zapatero consistía en “gastar, gastar, gastar” y que ahora se ha convertido en “impuestos, impuestos, impuestos”. Efectivamente, se ha eliminado la bonificación fiscal de 400 € y suben el IVA, los impuestos especiales y la fiscalidad de las plusvalías de capital.
-El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la tasa de paro en España superará el 20% en 2010 y que el déficit se elevará, como mínimo, al 12,5% del PIB. Afirma que las dificultades económicas agobiarán a España durante “bastante tiempo”, que España requiere una “reestructuración fundamental” de la economía, reduciendo el déficit presupuestario, recortando el gasto, reformando el mercado laboral y mejorando la competitividad.
Sin embargo, los PGE 2010 hacen lo contrario de lo que tantas opiniones estiman necesario: no reducen el gasto, siguen creyendo en la política de las subvenciones y bajan la dotación para I+D, lo que no va a ayudar precisamente a mejorar la competitividad.
Los PGE 2010 son un reflejo de la política de Zapatero, el verdadero Ministro de Economía y al que ahora hasta las editoriales de El País acusan de “improvisaciones y retórica”. Y con ese estilo de hacer política económica, el déficit del Estado se ha, respecto de 2008, cuadruplicado hasta agosto, llegando a los 60.000 millones de €, el importe de las emisiones de deuda realizadas por las entidades financieras españolas con aval estatal –de los contribuyentes- ha ascendido a 38.465 millones de €, -pese a que los créditos nuevos a las familias han descendido 42%- y el Estado está a punto de sacar una nueva emisión de deuda pública por valor de 11.000 millones de € debido a la falta de liquidez para afrontar sus pagos. Para rematar la jugada y en orden a favorecer la competitividad, los PGE reducen el presupuesto del Ministerio de Educación 16% y 18% el de Ciencia e Innovación, con la consiguiente reducción del gasto en I+D.
Pero todo eso no evita, por ejemplo, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dé a Colombia 200 millones de $ para programas de dotación de agua, que aumenten 4,6% los gastos de personal de Zapatero -640 asesores y colaboradores del Presidente- y que se incluya en los PGE 2010 un nuevo gasto para la Presidencia de la Unión Europea que ejercerá -¡Dios salve a Europa!- Zapatero el primer trimestre del próximo año, por la modesta cifra de 52,47 millones de €, para alimentar el ego de nuestro Presidente.
Y ahora estos maravillosos PGE 2010 hay que aprobarlos en el Parlamento. Y si bien es cierto que hasta ahora lo normal ha sido que los distintos presidentes del Gobierno hayan negociado algún apoyo para los presupuestos que presentaban para llegar a la mayoría absoluta cuando no la tenían o, incluso, para que no fuera su partido el único en apoyarlos cuando sí la tenían, no es menos cierto que la megalomanía y la necesidad propagandística de Zapatero le va a llevar a sacar tantos apoyos como sea posible, dando a cambio lo que le pidan. Naturalmente, eso lo tiene claro todo el mundo y aquellos a quienes les atañe ya han empezado a tomar posiciones: los más adelantados parecen ser los canarios, puesto que el último Consejo de Ministros ha anunciado el propósito del gobierno de hacer una inversión extraordinaria en Canarias de 10.000 millones de € en los próximos cuatro años y seguir hasta 25.000 millones en 2020 –Plan Canarias-. Los del PNV dicen que ya tienen redactada la enmienda a la totalidad de los PGE y que “para sentarse a negociar” su retirada el Gobierno debe, como condiciones previas, comprometerse a blindar el Concierto Económico, pagar 456 millones de € a la Diputación de Álava por liquidación de IVA y transferir las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma vasca. Y los catalanes exigen la transferencia de la gestión del aeropuerto del Prat y han obligado a que se disponga que aquellas CCAA que bajen impuestos en general y el de Sucesiones y Donaciones en particular, sean castigadas por el Gobierno Central en el reparto de fondos y, preocupados por la posible fuga de capitales a otras comunidades, han hecho que se reconozca la obligación de pagar impuesto de sucesiones a Cataluña a aquellos catalanes que se muden durante los cinco años siguientes al cambio.
Para qué seguir. Es obvio que las negociaciones de Zapatero para conseguir la mayor cantidad de apoyos posibles a sus presupuestos se van a traducir en un aumento de los desequilibrios entre autonomías, los cuales de por sí ya son importantes. A título de ejemplo puede decirse que la Comunidad de Madrid –la mas solidaria de España- aporta por ciudadano 2.385 € a la solidaridad interregional, mientras que la media estatal es de 277 €, y que en los PGE 2010 la inversión aumenta 40% en Cataluña y 60% en Andalucía y baja en Madrid 28%.
Ante eso, ¿qué haría yo en el puesto de Rajoy para tratar de evitar que los actuales desequilibrios aumenten, dado que no tiene votos suficientes para obligar a que los presupuestos se modifiquen? Pues convocaría de inmediato una rueda de prensa en la que diría en grandes trazos porqué los presupuestos son irreales e inadecuados y cuales son las medidas fundamentales que deberían contenerse en los mismos para luchar contra la crisis, sobre las cuales propondría a Zapatero un pacto de Estado. Y para el caso de que este no fuera aceptado, conminaría al Presidente a no negociar apoyos que incrementaran los desequilibrios regionales o hicieran al Estado más pequeño y débil de lo que ya es, informándole de que no sería necesario para sacar adelante los presupuestos porque le ofrecería la abstención del PP en la votación de los mismos.
Pero para lo expuesto se necesita sentido de Estado. Es obvio, por demostrado, que Zapatero no lo tiene. ¿Lo tiene Rajoy?

DECIMOSEXTA OBVIEDAD: Sobre la educación, la enseñanza y Don Gaudencio

La presentación por parte de Esperanza Aguirre de su proyecto de Ley de Autoridad del profesor y la agresión perpetrada por el padre de un alumno a la directora de un colegio de Madrid, han puesto de actualidad el tema de la formación de nuestros jóvenes. Y empleo el término formación de una manera deliberada, pese a que el más utilizado en el debate sobre estos temas ha sido el de educación. Y es porque creo que en el colegio se recibe y los profesores imparten enseñanza y la educación debe recibirse en casa, impartida por los padres o las personas a cargo de quienes estén los niños o jóvenes. Por supuesto que ambas afirmaciones no son absolutas, ya que la enseñanza lleva incardinada una parte de educación y esta, a su vez, de enseñanza, pero fundamentalmente ese es el reparto de funciones. Y el conjunto de ambas, la enseñanza y la educación, con el añadido de las experiencias personales de los jóvenes, sus vivencias, dan como resultado la formación de los mismos.
Y el gran problema es que la formación de nuestros chicos, de aquellos de los que dependerá el futuro de España, es sumamente deficiente.
En lo que respecta a la educación, los padres –que en un porcentaje importante ya presentan un déficit en la misma- no disponen, en general, de mucho tiempo para dedicarles a sus hijos, sobre todo en aquellas familias en que los dos trabajan, y esperan que la mayor parte del trabajo de educar a los chicos corra a cargo de los centros docentes por los que pasan, empezando por las guarderías. Algunos fracasos educativos son de tal magnitud que, por ejemplo, el pasado año 4.200 padres llegaron a tal situación límite con sus hijos que los denunciaron porque no sabían como solucionar su problema con ellos. Es de imaginar que estos chicos tampoco serían muy respetuosos con sus maestros.
En lo que se refiere a la enseñanza, las leyes que la han regulado han seguido un camino tortuoso que nos ha conducido al fangoso pantano en el que ahora estamos semihundidos y atrapados y del que tanto nos va a costar salir –tiro de optimismo y asumo que saldremos-. De las diversas leyes que sucedieron a la Ley General de Educación (LEG) de 1970, postrimerías del franquismo, las más significativas son las siguientes:
-La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, precursora, preámbulo e introducción a la LOGSE.
-La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en España (LOGSE), de 1990, introdujo, entre otras cosas, la descentralización de la enseñanza, permitiendo que las CCAA incorporaran contenidos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), nominalmente entre los 12 y los16 años, la idea de que la enseñanza iba a ser integral, acogiendo la igualdad de sexos y las educaciones ambiental, vial, para la salud, para la paz y del consumidor. Hermoso, como también la atención a la diversidad, que se traducía en que como había gente con menor capacidad de comprensión que otros, en lugar de animarles a que se esforzaran algo más, entendieron que era mejor exigir menos y de este modo igualar en los niveles mas bajos. Trajo también el Consejo Escolar, que integrado por profesores, padres y, en su caso, alumnos, intervendrá en el control y gestión de los centros e, incluso, elegirá al Director entre los profesores del centro. Y para dar una mayor idea de modernidad introdujeron nuevos términos que alumnos y padres debieron aprender, como, por ejemplo, “curriculo” y “desarrollo curricular”, para sustituir a los conocidos y, al parecer, trasnochados, “plan de estudios” y “programa de la asignatura”, respectivamente.
Los resultados de esta ley han sido bastante negativos. Un par de pruebas de ello: el último informe de la OCDE con los índices internacionales en materia educativa, que sitúan a España en los últimos lugares, con la mitad de alumnos que interrumpe su formación en el nivel de enseñanza obligatoria, muy por encima del 31% de media de la OCDE; la otra perla demostrativa del nivel general, en este caso con el lastre adicional de la prioridad de la lengua que consideran vernácula y la marginación del español, figura en la enmienda recientemente presentada en el parlamento vasco por diputados de PNV e IU, que pide “aprovar” ayudas para “hinundaciones”.
-El año 2002 el Gobierno del PP alumbró la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que pretendía fomentar entre otros valores los del esfuerzo y la disciplina en el aula y tomaba en consideración las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Fue anulada por el PSOE a poco de su llegada al poder.
-El año 2006 el Gobierno promulgó la Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en vigor. SE trata de una reedición de la LOGSE, con el aditamento de algunas perlas como la desaparición de la religión católica de la educación primaria y la introducción como nueva asignatura obligatoria de la Educación para la Ciudadanía -y los Derechos Humanos- desde el ciclo de educación primaria.
La verdad es que esto de la Educación para la Ciudadanía no es una novedad para mí. Yo también tuve que cursar una asignatura similar en objetivos –imbuir en los alumnos las ideas y forma de pensamiento que el Gobierno consideraba políticamente correctas- que entonces se llamaba Formación del Espíritu Nacional y que los alumnos denominábamos, para simplificar, Política. Afortunadamente, casi nadie la tomaba muy en serio, hasta el extremo de que junto con Religión y Gimnasia formaban “las tres Marías” que nunca eran un obstáculo para pasar curso, porque el suspenso de alguna de ellas se convertía en aprobado si suponía amenaza de repetición de curso.
Pero este Gobierno sí parece haber tomado muy en serio su Educación para la Ciudadanía, hasta el extremo de que se opone tajantemente a la objeción de conciencia sobre la misma, algo comprensible en una dictadura pero irracional en una democracia.
-Con el viento a favor de la ley nacional de enseñanza en vigor y del alto nivel de autogobierno obtenido, la Generalidad de Cataluña y su Parlamento han parido una nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) que dictamina que es necesario que los niños se eduquen en “el cultivo del sentido de pertenencia como miembros de la nación catalana” y atribuye autonomía absoluta a la Comunidad para gestionar su modelo de enseñanza y en su objetivo de erradicar el español veta la tercera hora de este en los colegios.
Todo este camino recorrido cuesta abajo nos ha traído hasta la actual situación: pérdida de valores, desprecio del esfuerzo y de la excelencia y extensión de ese desprecio a los profesores, cuya autoridad no se respeta.
El sindicato ANPE creó en 2005 un organismo denominado Defensor del Profesor, al que podían llamar para informarle de sus problemas. En el curso 2007-2008 se recibieron 3.419 llamadas, exponiendo problemas de los cuales los más frecuentes eran: imposibilidad de impartir clase (40%), denuncias de padres (24%), acoso y amenazas de alumnos (17%), acoso y amenazas de padres (15%) y agresiones sufridas de alumnos (8%).
No hay que ignorar que una parte de los profesores han ayudado en alguna medida a llegar a esta situación practicando el colegueo y proponiendo o aceptando el tuteo.
Y pensando en esto Don Gaudencio se abrió paso en mi memoria. Don Gaudencio fue uno de mis profesores entre los 12 y los 14 años. Era bajito y delgado, pero normalmente le bastaba con levantarse de su asiento, carraspear y levantar una mano reclamando silencio para que la clase se lo prestara. Nos trataba de usted y lo hacía con respeto incluso cuando te llamaba la atención, lo que no evitaba que alguna vez se permitiera bromear sobre algo. Pero por encima de su sonrisa sus ojos mantenían y ponían de manifiesto que la autoridad era suya. Y si alguien eventualmente no respetaba esa autoridad, hacía lo que el resto de profesores: acompañaba al “insurgente” al despacho del director, Don Anselmo, hermano de Don Gaudencio y última instancia disciplinar en el colegio. Don Anselmo tenía tres niveles disciplinarios: la severa reconvención, la bofetada y, el más temido, la nota informativa a los padres que debía ser devuelta con la firma como enterados de estos. Yo era un poco inquieto por entonces y recibí una bofetada en un par de ocasiones, algo que mis padres ignoraron porque estaba seguro de que no iban a ponerse a mi favor e incluso podía haberme caído algún castigo adicional de su parte.
Pero ahora la autoridad parece haberse perdido junto con los valores. Y la Ley de Autoridad del profesor, cuya presentación ha anunciado Esperanza Aguirre, pretende recuperarla convirtiendo a los profesores en “agentes de la Autoridad” y obligando a los padres a firmar de conformidad los reglamentos normativos que rigen en el colegio de sus hijos.
El anuncio de la nueva ley ha tenido una excelente acogida por parte de profesores y padres y Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, la considera necesaria para volver a educar en el respeto, los valores y el esfuerzo. Y el ministro de Educación, Angel Gabilondo, entiende que la Ley de Autoridad del profesor debe estar en el pacto educativo que quiere proponer y por el que se ha comprometido a trabajar. Amén, que quiere decir “así sea”.

DECIMOQUINTA OBVIEDAD: Sobre la inmigración

Empecemos por sentar dos principios: El primero es que España necesita de la inmigración. Con nuestra baja tasa de natalidad y una población en envejecimiento creciente, solo la incorporación de gente joven hará nuestra sociedad viable en el próximo futuro. El segundo es que no vale cualquiera ni en cualesquiera condiciones para conseguir el efecto deseable, lo que implica la necesidad de una inmigración legal y controlada. Hace mucho tiempo que Europa lo tiene claro y ya la Convención de Dublín de 1990, que daba cuerpo a los Acuerdos de Schengen, se marcaba como objetivo básico la lucha contra la inmigración ilegal a través de la cooperación policial y las autoridades aduaneras y ponía en marcha en marcha un mecanismo de información comunitario e incluso un sistema automático europeo de regulación de huellas dactilares. Y es que ya entonces Europa miraba y sufría la inmigración como un problema. En España no era un tema preocupante por lo reducido del número de inmigrantes. En 1991, con una economía nacional poco boyante, los extranjeros censados eran 360.655, el 0,91% de la población total. Pero, con una economía sensiblemente mejorada, en 2003 el censo registraba 2.664.168, el 6,24%. Y luego llegó el Gobierno de Zapatero y el ministro Caldera llevó a cabo una regularización que, según él, iba a ser la envidia de Europa –aunque toda la Unión Europea la criticó duramente- y que unido al boom inmobiliario produjo un efecto llamada que ha elevado el censo de extranjeros en el presente año a 5.598.691 personas, el 12% de la población total. Como se calcula que hay aproximadamente millón y medio de inmigrantes ilegales no censados, el total de extranjeros en España se eleva aproximadamente a 7 millones, el 15% de la población total. Y como la economía nacional está actualmente en depresión y la perspectiva es que en el próximo futuro empeore, la cifra de 7 millones representa un lastre y una fuente de problemas. Un factor que es importante tener en cuenta es la, en general, baja capacitación profesional de nuestros inmigrantes, al menos la que se desprende de su ocupación laboral: en 2005, por sectores profesionales, los servicios ocupaban el 59%, la construcción el 21%, la industria 12% y la agricultura 8%. La procedencia también es un factor indicativo: Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 30.06.2009, las tres primeras posiciones del ranking de inmigrantes legales en España, con certificado de registro o tarjeta de residencia, las ocupan marroquíes, con 748.953 –de ellos 192.352 nacidos en España-, rumanos, con 700.168 y ecuatorianos con 442.114. Y es de resaltar que el total de inmigrantes legales ha crecido 11% respecto a 30.06.2008, a pesar de la crisis. Es fácil deducir de todo lo anteriormente expuesto que el crecimiento incontrolado de la inmigración, combinado con la situación de crisis económica, degenerará en importantes problemas de índole social, de los que ya hay bastantes síntomas. Véanse algunos a título de ejemplo: • Agosto 2009: El secretario del sector alimentario de UGT Sevilla pide a los empresarios que no contraten a inmigrantes para la campaña de la aceituna en Sevilla, sino que ocupen a desempleados nacionales. • Agosto 2009: Centenares de inmigrantes, sin casa y sin trabajo, deambulan por los pinares de Lepe, donde se están formando poblados improvisados con placas de cartón y fibrocemento. La mayoría son subsaharianos llegados a principios de la temporada de la fresa que no consiguieron trabajo o que ya se les ha terminado. Muchos fueron enviados a la península desde Canarias, con una orden de expulsión en el bolsillo. • Julio 2009: José Manuel Soria, vicepresidente de Canarias, dice que devolverán al Gobierno de España la competencia de inmigración sobre los menores que llegan a las islas si el Gobierno no toma medidas. Están saturados y no tienen medios para hacerse cargo de todos ellos. Actualmente hay mas de 1.000 menores inmigrantes, cuando la capacidad es de 250. Así pues, es obvio que la inmigración es un serio problema que también afecta a otros países europeos que están reaccionando para controlarla. Veamos algunos ejemplos: -En Inglaterra el Gobierno del laborista Gordon Brown ha anunciado su intención de endurecer la política de concesión de ciudadanía a los inmigrantes, porque hay que tener también en cuenta los derechos de la propia sociedad británica y la de sus miembros, ya que, al fin y al cabo, esa cultura y ese modo de vida que se pretende preservar es lo que la hace atractiva para los inmigrantes. -Italia ha aprobado una ley que considera un delito la entrada en el país de forma ilegal, con penas de multas de 5.000 a 10.000 € y expulsión tan inmediata como sea posible del país. Se establece también pena de cárcel para quien alquile una casa a clandestinos, se aumentan y endurecen los requisitos para casarse con un inmigrante y se prohibe la inscripción en el registro civil de los hijos de los inmigrantes clandestinos. Los funcionarios públicos deberán denunciar a los indocumentados y se autorizan las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios –en número máximo de tres personas y sin armas ni perros- que apoyarán en la vigilancia de las calles a la policía y a los militares que ya patrullan las grandes ciudades. Y prestan también atención a los inmigrantes de países comunitarios, en particular a los de Rumanía, sobre la base de la directiva de la UE que prevé la repatriación de los ciudadanos comunitarios que no tienen rentas y delinquen –como consecuencia, una gran cantidad de gitanos rumanos salieron de Italia, la mayor parte de los cuales se ha venido a España, lo que se resulta lamentable porque aquí no parece que fuéramos deficitarios de gitanos-. Y el ministro de Asuntos Exteriores italiano ha exigido un reparto y una distribución proporcional en el seno de la UE de los inmigrantes indocumentados que lleguen a las costas de los países miembros. Italia entiende que la inmigración es un problema europeo, por lo que los flujos migratorios deben regularse de modo que los inmigrantes no sean acogidos solamente por los países donde desembarcan. Italia espera que ello sea reconocido e incluido en la nueva política que creará la UE en Octubre. -Con el eslogan “sí a una inmigración escogida y no a una inmigración sufrida”, el Gobierno francés ha sacado una nueva ley que pretende relacionar las entradas de personas inmigrantes con las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país, así como aumentar la exigencia de capacitación profesional de los inmigrantes. La nueva ley endurecerá las actuales condiciones de admisión en muchos aspectos, como por ejemplo la reagrupación familiar, para la que se autorizan los análisis de ADN, o el examen que el extranjero deberá pasar sobre el conocimiento de la lengua y de los valores de la República, así como la firma de un contrato de acogida e integración. Por nuestra parte el Gobierno parece estar dispuesto a endurecer la normativa que regula la inmigración, con medidas como incrementar el plazo máximo de internamiento hasta su expulsión de los inmigrantes irregulares, hacer mas dificultosas las condiciones exigidas para la repatriación familiar y otras, pero no es de esperar que la situación varíe demasiado, porque un cambio drástico podría ser entendido como un reconocimiento de lo equivocada que ha sido la política hasta ahora. Por otra parte, no es seguro que el Gobierno esté muy interesado en reducir la inmigración, sino que mas bien podría estar interesado en utilizarla con fines electorales: se ha negociado ya con catorce países el reconocimiento del derecho al voto en las elecciones municipales a los inmigrantes procedentes de los mismos, con la contrapartida de que puedan hacer lo mismo los españoles residentes legales en ellos. Y, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, los españoles deberíamos tener una idea del coste que significa la entrada ilegal de inmigrantes. Por ejemplo, veamos lo que implica la deportación de irregulares: El pasado 31 de julio el Ministerio del Interior de España deportó a 31 inmigrantes nigerianos que permanecían en el Centro de Asistencia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, por entrada irregular en el país. Los inmigrantes -28 hombres y 3 mujeres- fueron trasladados al puerto ceutí para embarcar hacia Algeciras y posteriormente viajar en autocar a Málaga, de donde fueron deportados en avión a Nigeria. La deportación tuvo lugar tras la identificación de los inmigrantes, lo que se hizo con la colaboración de la Embajada de Nigeria. La operación policial fue coordinada por la Brigada de Extranjería con la colaboración de una unidad especial del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cuánto cuesta todo eso? Una última reflexión: ¿Cómo no van a venir a un país en el que un ilegal puede solicitar su empadronamiento y con la acreditación de este obtener una tarjeta sanitaria que le da derecho a asistencia sin limitaciones y a recetas gratuitas como si fuera un pensionista? Y si aguanta tres años en esa situación de ilegal empadronado, puede conseguir la residencia legal por arraigo. ¿Se entiende porqué somos ya el décimo país del mundo en números absolutos de inmigrantes?

DECIMOCUARTA OBVIEDAD: Sobre la objeción de conciencia

Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ha dicho, mas o menos, que como no hay mas posibilidad de objeción de conciencia que la que figura expresamente en la Constitución Española, quien pretenda acogerse a ella para no actuar de acuerdo con la nueva Ley del Aborto, incumplirá la ley y, consecuentemente, incurrirá en desobediencia civil. Al oír algo así, lo primero que me vino a la mente fue “tío, no des ideas”, porque con lo que está cayendo, con el cabreo que se está extendiendo por una sociedad civil golpeada por el paro y preocupada por un panorama desalentador, hay que tener mucho cuajo para mencionar la desobediencia civil.
Analicemos con cierto detalle lo que se contiene y lo que puede desprenderse de lo manifestado por Caamaño:
-Cuando habla de desobediencia civil se supone que lo hace refiriéndose al artículo 556 del Código Penal, según el cual los que se resistieren a la autoridad o a sus agentes o los que desobedecieran gravemente en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. De modo que lo dicho por Caamaño suena a amenaza o, por lo menos, a advertencia para que los posibles objetores sepan a lo que se exponen.
-El artículo 30.2 de la Constitución recoge la objeción de conciencia, aunque lo haga específicamente como causa de exención del servicio militar obligatorio. También dice que sería regulada por ley, algo que nunca se hizo, lo que permitió que muchos jóvenes practicaran la “objeción a conciencia” para librarse de un servicio militar que representaba para ellos una pérdida de tiempo o un retraso en el comienzo de su vida laboral. Fundamentalmente fue la presión de la izquierda la que hizo que se introdujera la objeción de conciencia en un artículo que hablaba del derecho y las obligaciones de los españoles a la hora de defender a España. Curiosamente, cuando los socialistas alcanzaron el poder con Felipe González a la cabeza y lo mantuvieron desde 1982 hasta 1996, no aprovecharon la oportunidad para anular la obligatoriedad del servicio militar. Tuvo que ser el Gobierno de Aznar el que lo hiciera.
-Sin duda, cuando Caamaño hizo su declaración estaba teniendo en cuenta la sentencia 160/1987 del Tribunal Constitucional, discutida y discutible, que niega la posibilidad de cualquier modalidad de objeción de conciencia que no sea la relativa al servicio militar, basándose en el hecho de que es la única que figura en la Constitución.
-Caamaño olvida, supongo que conscientemente, las sentencias 15/1982 y 53/1985 del Tribunal Constitucional, que estiman innecesario regular la objeción de conciencia porque deriva de la Constitución y la consideran una manifestación de la libertad de conciencia que, a su vez, es una concreción de la libertad ideológica y religiosa garantizada en el artículo 16.1 de la Constitución. Ciertamente, la sentencia 15/1982 se refiere en concreto al servicio militar, pero la 53/1985 declara que existe un derecho general a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios cuando se demande su intervención en la interrupción del embarazo.
-Es obvio que hay que recordarle lo anterior a Caamaño con insistencia, además de otras cosas como por ejemplo:
• El juramento hipocrático, en el que se dice: ….De la misma manera no daré a ninguna mujer pesarios abortivos….
• El valor que la mayoría de los profesionales sanitarios otorgan a la Ética en general y a la deontología profesional en concreto. Es por ello que la Organización Médica Colegial de España (OMC) ha pedido que en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley del Aborto se incluya la objeción de conciencia del personal sanitario. Y el Consejo General de Enfermería se ha pronunciado de forma similar.
• La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la objeción de conciencia en su artículo 10, dedicado a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Debido probablemente a la reacción negativa que ha provocado lo manifestado por Caamaño, Justicia matizó posteriormente que la objeción de conciencia debe ser regulada por las Cortes Generales para evitar que pueda confundirse con la desobediencia civil. Sin embargo, Elena Valenciano se apresuró a decir, en ese tono de enfado y resentimiento en el que acostumbra a manifestarse, que “hay profesionales que objetan en la sanidad pública y hacen abortos en la privada”. Bueno, pues si hay quienes actúan así, por favor, que los persigan y que paguen por ello. Pero que dejen tranquilos a los demás que basan su objeción de conciencia en el deber jurídico y deontológico de respetar la vida humana.

DECIMOTERCERA OBVIEDAD: Sobre ETA y los vascos

Otra vez el azote de ETA. Primero en Burgos, donde pudo causar una masacre, y luego en Palma, donde mataron a dos hombres jóvenes que cuidaban de la sociedad, de nosotros. Son como la malaria, periódicamente el organismo sufre una crisis de fiebre aguda que le golpea con dureza, aunque hubiera transcurrido tanto tiempo sin aparecer que se tendía a olvidarla. Pero lo mismo que la malaria acaba reapareciendo debido a la forma latente hepática del parásito, ETA reaparece y ataca una vez más. Aunque a diferencia de la malaria, en la que solo las hembras del mosquito Anopheles se alimentan de sangre para poder madurar los huevos, en el caso de ETA ambos géneros están sedientos de sangre.
Y sufrida la nueva crisis, otra vez comenzarán las disquisiciones sobre la cuestión recurrente: la manera de acabar con ETA. Unos, por ejemplo los del PNV, dirán que la vía del diálogo es la única que permitirá alcanzar el objetivo. Los socialistas, que no hace mucho ensayaron sin éxito esa vía, dicen ahora –Rubalcaba y Roberto Ares- que el final de ETA no va ser dialogado. Sin embargo los socialistas permiten que ANV se mantenga en los ayuntamientos de los que forma parte desde las últimas elecciones. Y no han pedido al Parlamento que retire la vigente autorización al Gobierno para negociar con ETA. Y, según El Mundo, una de las personas que negoció de parte del Gobierno con ETA ha tenido contactos con miembros de la fundación Henry Dunant que hizo de mediador la última vez, lo que significa que los socialistas mantienen canales abiertos.
Habrá otros que dirán que la única vía es la conjunción de la policial, la judicial y la penitenciaria ejercidas con firmeza, sin concesiones. Y hay que admitir que el Gobierno de Aznar, con el apoyo del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, dejó a ETA en una situación de extrema debilidad, a pesar de no contar con la colaboración de una Erzaintza a la que el PNV mantenía inoperante, lo que ahora parece estar cambiando. Y que la dispersión de presos, la cancelación de cualquier privilegio penitenciario y la mezcla de presos de ETA con los comunes, sin duda dañaría la consistencia de ánimo de los etarras. La cuestión es si todo ello sería suficiente. ¿Cuántas veces se ha dicho que se había acabado con el GRAPO y han reaparecido, a pesar de que ese grupo prácticamente no tenía apoyo social?
Entonces, ¿qué o quien puede acabar definitivamente con ETA? Para mí la respuesta es obvia: los vascos. Cuando he visto y escuchado que en algunas manifestaciones se decía “ETA no, vascos sí”, siempre me ha parecido una equivocación, un buenísimo tontorrón o una hipocresía para enmascarar la realidad de que vascos son los etarras, vascos los que les apoyan y vascos los que no hacen nada para acabar con esa peste. Si una mayoría notable de vascos manifestara pública y firmemente su rechazo a ETA, la organización terrorista se acabaría en solo unos meses.
Cierta y afortunadamente, no todos los vascos se identifican, son partidarios, apoyan o simpatizan con ETA, todo ello en mayor o menor medida, pero sí que hay muchos que lo hacen:
- Está la llamada izquierda abertzale, tan etarras como los mismos etarras y que nutren sus filas.
- Luego están los nacionalistas, tan irracionalmente racistas como su alienado Sabino Arana y que apoyan a ETA –que nació de una escisión del PNV- porque ya se sabe que “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces”. Los que tenemos cierta edad podríamos contar mucho acerca de la evolución de los nacionalistas que les ha llevado hasta su actual radicalización separatista. Los mismos que para tachar a alguien de aldeano, de pueblerino, te decían “es un borono, habla euskera” en la primera mitad de los setenta, en la segunda mitad inscribían a sus hijos en una ikastola. Y luego los socialistas les cedieron el poder pese a haber obtenido mas votos y los aproximadamente 30 años que lo han mantenido les han convencido de que ellos son Euskadi y que solo ellos pueden dar el carnet de vascos. Y con la educación en sus manos han salido generaciones de vascos convencidos de que su tierra fue dominada e incorporada a España por la fuerza, porque, por supuesto, nadie les ha dicho que entre 1200 y 1230 los señoríos de Vitoria, Guipúzcoa y Vizcaya, temiendo ser fagocitados por el entonces fuerte Reino de Navarra, negociaron y obtuvieron, uno por uno, su adhesión a la Corona de Castilla.
- Por último están los que, por decirlo de una manera gráfica, reconocen que los etarras “son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta”
Todos ellos juntos suman aproximadamente la mitad de la población vasca. La otra mitad está formada por aquellos que todos los días ponen en peligro su vida y tienen que vivirla de una manera irregular -tomando precauciones y muchos incluso con guardaespaldas-, por un enorme grupo que no desea distinguirse y solo manifiesta su oposición a los etarras a la hora de votar y, por último, por los que pasan de la situación y ni siquiera votan.
Afortunadamente, los resultados de las últimas elecciones han permitido poner fin a la hegemonía de los nacionalistas y a restarle utilidad práctica a su culposa -¿o quizás dolosa?- complicidad con ETA y ya la Ertzaintza empieza a ganarles la calle a los filoetarras.
Puede que haya llegado el momento de que los propios vascos repasen los 50 años de ETA y hagan un balance de los mismos. Yo les ofrezco uno muy simple, por si quieren considerarlo:
- 900 asesinados, muchos de ellos mujeres y niños, y miles de heridos, algunos con secuelas para el resto de sus vidas. Y otras tantas familias destrozadas.
- Miles de millones que las acciones de ETA le han costado a toda la sociedad española –basten los ejemplos de la T4 y los daños al turismo-con la excepción de la vasca que, dado su concierto económico y la situación de privilegio que frecuentemente le ha deparado el sistema electoral, no solo no han puesto un duro para ayudar a sufragar los daños causados por sus chicos, sino que cada vez aportan menos al Estado por reducción del cupo y reciben mas como fondos estructurales.
- Más de 200.000 autoexiliados que han salido de la Autonomía vasca porque no querían vivir el envenenado ambiente y la falta de libertades imperantes allí o, incluso, porque su vida peligraba.
- El resentimiento y la antipatía que contra ETA en particular y los vascos en general se ha ido extendiendo entre el resto de los españoles por todo el daño que han sufrido en estos 50 años.
Parece que han llegado la hora y el momento oportuno para que los vascos le digan a ETA que se acabó y dejen de apoyarles o de ser tolerantes con ellos. Edmund Burke, político liberal inglés del siglo XVIII dijo, entiendo que acertadamente, que “hay un límite en el que la tolerancia deja de ser virtud”. Pues eso. Y que sirva para todos: vascos y resto de españoles.

DUODÉCIMA OBVIEDAD: Sobre Manuel Pizarro

Detesto que se desperdicie. No me gusta que se desperdicien los alimentos, el dinero, las oportunidades y la gente de valía. Y menos en tiempos de escasez, de penuria real. Y no cabe duda de que estemos en esos tiempos:
-El premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman –quien ha sido tan crítico con la política económica de Bush-, dijo en Marzo sobre la crisis, en el Foro Económico Innovae y en presencia de Zapatero , que “las perspectivas económicas de España son aterradoras”, que “la situación económica es especialmente difícil para España”, que “los próximos años van a ser muy difíciles para los españoles” y que “el camino de salida de la crisis para España va a ser doloroso o extremadamente doloroso”.
-Cuentas públicas: se espera que este año 2009 el déficit sobrepase el 10% del PIB y el Banco de España estima que el año 2011 el nivel de endeudamiento será el 90% del PIB. Se trata de un horizonte aún peor que el que se divisaba a primeros del año 1996, con un déficit público del 7% y deuda pública cercana al 70% del PIB.
-Según un reciente sondeo elaborado por Financial Times y Harris Poll, los españoles son los europeos que peor valoran la acción de su Gobierno frente a la crisis. Más del 70% tienen una visión negativa de las medidas de Zapatero y menos del 10% cree que lo hace bien.
-El Estado cada día es menos Estado: el nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas cede a estas el 50% de IVA e IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales. Esta es una de las consecuencias del nuevo Estatuto de Cataluña.
-Otra de las consecuencias es la negociación bilateral del Estado con Cataluña -requisito previo para la negociación, si es que llega a haberla, con las demás comunidades-, con la que se ha acordado que de los 11.000 millones de euros extra que iba a repartir el Estado, 3.855 millones de euros serán para los catalanes –o sea, el 35% del total será para una Comunidad que tiene 16% de la población y 18 % del PIB totales-. Los catalanes más extremistas se han apresurado a calificar el hecho de victoria contra el Estado y de paso adelante en el camino de la independencia. El siguiente paso importante será, seguramente, el pedir el equivalente al concierto económico vasco.
-Y con el resto de los 11.000 millones de euros se primará a Andalucía y otras comunidades afines al PSOE y, naturalmente y como viene siendo habitual con las asignaciones para inversiones estructurales, se castigará a las que no lo son.
-¿Dónde está el trato igualitario que exige la Constitución Española? ¿Dónde está la solidaridad que la misma Constitución preconiza? ¿Dónde queda la austeridad si se considera que estos 11.000 millones de euros son adicionales a los 114.000 que ya ponía el Estado? ¿Cómo se puede aumentar la competitividad de nuestro país cuando las empresas disminuyen y el número de funcionarios ha aumentado hasta superar los tres millones?
En situación tan crítica como la actual es obvio que se necesita gente preparada, con ideas claras y capacidad para proponer soluciones y ponerlas en práctica si le llega la oportunidad. Y ese tipo de gente se puede decir que escasea escandalosamente en el Gobierno y bastante en la oposición -y puede que escasear sea un término benévolo-.
Y llama la atención que se desperdicie la oportunidad de utilizar gente de valía. En concreto me refiero a Manuel Pizarro. Aparte de la clara visión de la situación entonces presente y del inmediato futuro que puso de manifiesto en el debate con Solbes de febrero 2008 –desequilibrado debate entre un técnico políticamente inexperto que hablaba de realidades y un político con más conchas que un galápago que creaba castillos de humo como un ilusionista-, solo hay que escucharle o leerle en cualquier entrevista para tener clara su idoneidad para estar en primera línea. Naturalmente, Zapatero no va a llamarle y pedirle que arregle los problemas que él ha creado. Pero el hecho es que tampoco su propio partido, el PP, le está utilizando adecuadamente. Ni siquiera está en la Comisión Ejecutiva del PP, cuando debería ser el responsable de toda la política del PP que de algún modo toque la economía nacional –incluyendo Industria, Energía, I+D+i, Hacienda, etc-, no solo marcando las directrices de esa política, sino comunicándola, porque se le entiende fácilmente y llega a la gente con su lenguaje sencillo y claro. Todo lo contrario de Montoro, que demostró su capacidad para estar a cargo de un Ministerio en el Gobierno de Aznar, pero que es un pésimo comunicador.
Sin embargo el PP tiene el activo Pizarro en un rincón y prefiere seguir “arriolándose” de perfil –de perfil bajo, por supuesto-.
¡Dios!, qué situación más desalentadora.

UNDÉCIMA OBVIEDAD: La delincuencia y la Ley

El artículo 25.2 de la Constitución Española dice: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social …”. De acuerdo con el espíritu emanado de este artículo, del carácter punitivo que presidía el código vigente por entonces se pretendía pasar a un enfoque redentorista, de redimir y recuperar cuando antes al condenado, lo que se plasmó claramente en la reforma Ledesma de 1983 y posteriores y que siguió siendo tenido en consideración en el nuevo Código Penal de 1995, del biministro Belloch, que, si bien aumentó la mayor parte de las penas de las reformas de 1983 y 1988, innovó el sistema de penas alternativas, principalmente ampliando la posible suspensión ordinaria de la pena desde 1 año hasta condenas de 2 años de prisión, la suspensión especial para drogodependientes de 2 a 3 años y admitió la posibilidad de sustitución de la pena privativa de libertad de hasta 2 años por multa, o la de condena de arresto de fin de semana por trabajos en beneficio de la comunidad –que habitualmente no se cumplen-.

La flexibilidad en el cumplimiento de las penas se convirtió en un instrumento útil para los delincuentes y un problema para la sociedad que trató de paliar la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de la segunda legislatura de Aznar, que, según dice su Exposición de Motivos, perseguía una lucha mas efectiva de la criminalidad, basada en que el mayor freno de los delitos no es la dureza de las penas, sino su infalibilidad, de modo que la certeza de un castigo, aunque este sea moderado, surtiría mas efecto que el temor de otro mas severo unido a la esperanza de la impunidad o de su incumplimiento. Incluso los límites máximos de cumplimiento de las penas se elevaron a 40 años para delitos de terrorismo o de varios delitos de especial gravedad.

Sin embargo, es obvio que los delitos han aumentado, el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos se ha hecho mayor y los delincuentes parecen cada vez más crecidos, más fuertes, más organizados.

¿Y a qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores determinantes de la actual situación?

Sin duda que uno de ellos es la actuación de los jueces. Aunque de hecho sea la ley la que les marca las reglas de juego, no cabe duda de que existe un margen de discrecionalidad en la aplicación que puede marcar tendencias en uno u otro sentido. Por ejemplo, el mayor o menor uso de la suspensión o sustitución de la pena por parte de los jueces a personas condenadas a penas privativas de libertad. Por dar una idea que nos sitúe, mientras en 1996, de 63.083 personas condenadas a pena privativa de libertad, entraron en prisión 52.655, el 83,5 %, en 2005, de 74.127 personas condenadas solo 39.774, el 53,7%, entraron en prisión. Únase a ello el menor uso de la prisión preventiva de parte de los jueces.

En cuanto al Código Penal actual, si bien es cierto que se contempla la reincidencia como circunstancia que agrava la responsabilidad criminal, no es menos cierto que la previsión de cancelación de antecedentes penales recogida en el Código en plazos relativamente breves, casi la vacía de contenido -6 meses para penas leves, 2 años para penas hasta 12 meses, 3 años para penas menos graves y 5 para las graves-. Según el Código, artículo 623.1, el hurto por valor inferior a 400 € es una falta contra el patrimonio sancionable con localización permanente o multa de 1 a 2 meses. O sea, nada. Pero según el artículo 234, el que realice esta acción 4 veces en un año, si la cuantía total supera los 400 €, será castigado con pena de prisión de 6 a 18 meses. ¿Cuántos carteristas han entrado en la cárcel por aplicación de este artículo?

La impresión es que nuestra Ley es bastante benévola con los que la infringen, lo que provoca un efecto llamada a la delincuencia extranjera. La consecuencia es una gran sensación de inseguridad. Basta con algunos trazos para mostrar una panorámica:
-Ya en el año 2006, seis de cada diez delitos en la Comunidad de Madrid eran cometidos por extranjeros.
-Según datos de abril de este año, la población reclusa extranjera se ha triplicado en ocho años, ya suma el 35% de la total y se incrementa cada día a un ritmo de nueve extranjeros que ingresan cada día en la cárcel por cada siete españoles. Las colonias más numerosas de presos son marroquíes, colombianos y rumanos.
-Según un informe del gobierno rumano, el 35% de la actividad internacional de las bandas rumanas organizadas se desarrolla en España. El conjunto de las operaciones de estas bandas en Italia, Holanda y Gran Bretaña alcanza solo el 30%.
-Según transcripciones de conversaciones interceptadas a miembros de bandas criminales extranjeras, “En Alemania es muy arriesgado robar, no es lo mismo que en España, donde, si salen los juicios, te dan a firmar y te envían a tu casa”. Se refieren a que el artículo 89.1 permite que los condenados a penas inferiores a 6 años, en lugar de cumplir la condena sean expulsados con prohibición de regresar en 10 años –lo que burlan reiteradamente con nuevas identidades y pasaportes-.
-Un juez ha dejado a “El Rafita” en libertad con cargos tras robar en una vivienda en Benalmádena. “El Rafita” es uno de los cuatro jóvenes que en 2003 violaron, asesinaron y prendieron fuego a Sandra Palo y que por ello pasó 4 años en un centro de menores y ahora, con 21 años, vivía en un piso gestionado por una asociación en régimen de libertad vigilada. La reiteración en delinquir, la actitud chulesca ante la policía cuando fue interrogado y la superficialidad con que se refirió al asesinato de Sandra Palo –“eso fue un problemilla”-, ponen de manifiesto que es un frío delincuente que está muy lejos de la reeducación y reinserción social que la Constitución Española propugnaba como objetivo de las penas privativas de libertad.
-Según informaciones periodísticas del pasado mes de mayo, los impagos de los terroristas a sus víctimas han obligado al Estado a sufragar mas de 430 millones de euros en indemnizaciones, frente a los apenas 60.000 € abonados por los etarras. Estos se declaran insolventes y su condición de insolvencia parece mantenerse indefinidamente a efectos de los pagos de indemnizaciones, aunque sus actividades posteriores evidencien que poseen bienes muebles y/o inmuebles.

Se podría continuar llenando páginas hablando de los asaltos a personas, establecimientos y viviendas, de los robos de automóviles de alta gama que se llevan a otros países, del tráfico y consumo de drogas, de la prostitución y de un largo etcétera. Pero no parece necesario, porque el sentimiento de inseguridad está en la sociedad.

Es necesario que de inmediato se creen leyes que verdaderamente traten como delito la inmigración ilegal –Italia acaba de hacerlo- y tengan en cuenta la directiva europea que prevé la repatriación de los ciudadanos comunitarios que no tienen rentas y delinquen. Es imperativo que se cree una comisión que estudie el endurecimiento del Código Penal actual, que haga una Ley del Menor adecuada que evite que algunos menores cometan graves delitos sin apenas castigo y que otros sufran situaciones de indefensión, que se establezca la figura del delincuente habitual, el que tiene el delito como forma de vida, y que como tal sea penalmente tratado en sus distintos niveles y en su evolución. Y que se suscite el debate sobre la cadena perpetua, incluso que se someta a referéndum, para los asesinatos terroristas y otros crímenes especialmente execrables. La cadena perpetua existe en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Austria, Suecia e Italia. ¿Acaso son menos democráticos y menos civilizados esos países que el nuestro? Y para que no se produzca choque con nuestra Constitución y su objetivo declarado de que la pena busque la reinserción social, basta con que la cadena perpetua sea revisable transcurridos un número de años a determinar. Por ejemplo, a los 30 años por primera vez y sucesivamente cada 5 años mientras fuera necesario.

DÉCIMA OBVIEDAD: Sobre los sindicatos (de trabajadores y empresarios)

El artículo 7 de la Constitución Española dice que “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. La cuestión es qué intereses pensaron los redactores de la CE que les son propios y si son esos intereses los que les ocupan y preocupan. Hablando de las organizaciones más fuertes y nominalmente más representativas, es evidente que hay intereses económicos que les motivan, aunque también parece claro que normalmente se trata de aquellos que les benefician a ellos a niveles de organización e individual de sus miembros más destacados y no tanto de sus representados. Y en cuanto a los intereses sociales, si el poder puede calificarse como tal, no cabe duda que sería el objetivo prioritario.
Para entrar en detalles empecemos por los sindicatos de trabajadores:
-Los sindicatos españoles son, en general, incapaces de vivir de las cuotas de sus afiliados. Salvo CNT, todos reciben subvenciones de algún tipo, lo que no parece la mejor garantía de independencia. Veamos algunos de los principales ingresos que, además de las cuotas, reciben los sindicatos más fuertes, aparentemente en proporción a su representatividad:
• El año 2007 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales otorgó, por actividades sindicales, subvenciones de 6,9 millones de euros a CCOO y 6,06 a UGT. El año 2008 se incrementaron 2%.
• Por su participación en órganos consultivos, CCOO percibió 982.000 € y UGT 1,14 millones de euros. El año 2008 se incrementaron 3,9%.
• Un capítulo muy importante y del que no parece fácil encontrar cifras fiables, pero que, con seguridad, superan a las anteriores, son las percibidas por la formación continua de los trabajadores.
• Además de lo ingresado por los conceptos anteriores, los sindicatos reciben por otros como los fondos de la UE, los procedentes de otros Ministerios, los pagos anuales por votos y delegados obtenidos, donaciones a sus fundaciones, etc. Es de resaltar lo recibido de las Comunidades Autónomas, en especial de alguna de ellas. Por ejemplo, UGT y CCOO recibieron cada una, el pasado año, de la de Andalucía, 13 millones de euros.
• Especial mención merece el hecho de que los sindicatos cobran, por cada ERE en cuya gestión intervienen, una cantidad por trabajador, Consecuentemente, a mayor número de afectados por ERES, mayores ingresos para los sindicatos. ¿No es maravilloso?
• Y el premio gordo: el llamado patrimonio sindical histórico -que se componía de los bienes muebles e inmuebles que supuestamente poseían los sindicatos y que les fueron incautados al final de la guerra civil- y el patrimonio sindical acumulado –o sea, los bienes generados por los sindicatos verticales franquistas, fruto de las aportaciones de los trabajadores por su afiliación obligatoria. Antes y durante la guerra civil, los sindicatos más fuertes eran CNT y UGT, precisamente en ese orden. En 1986 UGT recibió 4.100 millones de pesetas a cuenta de dicho patrimonio histórico y en la pasada legislatura el Gobierno pretendió poner punto final a la devolución del mismo pagando 149 millones de euros a UGT –cantidad que este sindicato considera insuficiente- y aproximadamente 1,5 millones de euros a CNT. En cuanto al patrimonio sindical acumulado, dada la aguda crisis en que estamos y para mantener en lo posible calmados a los sindicatos, el Gobierno se ha comprometido con estos a plantear y poner en práctica una solución definitiva para la devolución de ese patrimonio, lo que, según Expansión, supondrá un fuerte desembolso.
• Según El Confidencial, los sindicatos controlan ya un patrimonio de 40.000 millones de euros en fondos de pensiones: 4.557 millones de los empleados de Telefónica, 3.931 de La Caixa, 2.614 de BBVA, 2.331 de Endesa, 1.043 de Iberdrola, etc. Este patrimonio no es suyo, pero son ellos quienes lo controlan, quienes deciden cuánto, dónde, cuándo y cómo se invierte y cuánto se mantiene líquido en tesorería. ¿Es o no es eso poder?
-Como organización y políticamente, los sindicatos más fuertes –CCOO y UGT- actúan, cuando la situación lo requiere, como correas de transmisión –expresión tan manida como real- de los partidos de los que se originaron o a los que dieron origen. Basta con ver la pasividad actual de estos sindicatos ante la situación general de España y de algunas comunidades como Andalucía, Extremadura y Castilla- La Mancha, feudos socialistas, y la agresiva actividad que desarrollan en otras gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana y la de Madrid –particularmente en esta, donde, pese a que la tasa de paro está cuatro puntos por debajo de la media nacional y que es la comunidad con mas alta tasa de contratación indefinida, los sindicatos están provocando diversos conflictos y UGT ha amenazado con la huelga general-.
-En lo relativo a los individuos que componen los sindicatos, hay que hacer una clara diferenciación entre los simples afiliados y los dirigentes o sindicalistas de profesión o medio de vida. Estos son unos privilegiados a los que la ley protege para que, cuando son representantes de los trabajadores, no puedan ser despedidos a no ser por una conjunción de faltas graves de difícil imputación. Son los últimos en salir cuando se liquida una empresa y siempre encuentran acomodo en otra o en el sindicato o en el partido hermano –por ejemplo, el Comité de Empresa de Delphi-. Consiguen cómodos y espléndidamente retribuidos sueldos en Consejos de Administración de Cajas de Ahorro, empresas públicas o semipúblicas e incluso en algunas privadas. Y luego están los liberados sindicales. En España hay aproximadamente 300.000 liberados total o parcialmente del trabajo correspondiente a su puesto de trabajador en la empresa, para que, supuestamente, puedan dedicarse a velar por los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, TVE tiene 302 liberados sindicales, el 4,6% de la plantilla.
-Las leyes que regulan las elecciones sindicales están hechas para favorecer a los grandes sindicatos -CCOO y UGT, sindicatos de clase, de ideología marxista-, en detrimento de los sindicatos más pequeños, generalmente independientes. En las elecciones sindicales a representantes de los trabajadores, se eligen delegados de personal, en listas abiertas como representantes unitarios, en las empresas de hasta 49 trabajadores. En las empresas de 50 o más trabajadores se eligen miembros del Comité de Empresa, en listas cerradas, lo que imposibilita o al menos limita las posibilidades de los independientes.
En lo relativo a las asociaciones empresariales, estoy de acuerdo con Montoro cuando dice que hay que distinguir entre empresarios de verdad y empresarios organizados. Estos últimos también han hecho de su etiqueta de empresarios una forma de vida: son la patronal oficial. Y así, CEOE –Confederación Española de Organizaciones Empresariales- recibió del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por su participación en órganos consultivos, 2,09 millones de euros en 2007 y 2,16 en 2008 y de la Junta de Andalucía la Confederación de Empresarios de Andalucía recibió 18,6 millones de euros el pasado año.
Considerando todo lo anteriormente expuesto, parece obvio que difícilmente las actuales organizaciones sindicales y empresariales podrán, desde sus actuales estructuras anquilosadas y con sus actitudes silentes y colaboracionistas con el Gobierno, ayudar de una manera efectiva a España a salir de la profunda crisis en la que está sumergida y en la que parece hundirse más cada día. Los sindicatos se esconden y la patronal pide más subvenciones, en lugar de moverse ambos grupos hacia posiciones económicas más razonables, más flexibles, abiertas y libres. Por ejemplo, un alto porcentaje de los desempleados procede de los contratos temporales, lo que significa nula o muy escasa representación, pero los sindicatos se oponen a nuevos contratos fijos con indemnizaciones menores que las actuales, a pesar de plantearse como una medida provisional y no afectar a los contratos vigentes.
Afortunadamente ya se están escuchando voces propugnando diferentes posturas. Por ejemplo, Javier Gómez Navarro, ex ministro socialista, ha dicho que “es prioritario convencer a los sindicatos de que su papel no es defender a los vagos. No deben seguir protegiéndoles”. Y la central sindical USO ha pedido en marzo la supresión de las subvenciones a los sindicatos –ellos son los cuartos perceptores por realización de actividades de carácter sindical- y que se abra un diálogo social y critican la pasividad de los dos grandes, CCOO y UGT, ante la gran pérdida de empleos que se está produciendo. USO afirma que se financia en más de un 80% de las cuotas de sus afiliados y que pueden reducir sus gastos y que las subvenciones se apliquen en beneficio efectivo de los trabajadores. Bueno, pues a ver si es verdad.

NOVENA OBVIEDAD: Sobre la Monarquía

Hasta no hace mucho tiempo yo era un decidido partidario de la Monarquía por razones prácticas, de conveniencia para un país tan complicado como el nuestro. Muchas veces defendí la Institución ante mis hijos que cuestionaban su utilidad.

Después atravesé una etapa de desconcierto: se me escapaban algunos porqués, la congruencia se echaba de menos.

Para tratar de aclararme y como poner hechos en línea puede marcar un camino, me puse a recopilar algunos y colocarlos en orden, lo que creo que me llevó al entendimiento de la situación y a la consiguiente conclusión: nada de imprudencia – en las declaraciones -, ni nada de incoherencia, sino que todo parece responder a una clara estrategia para asegurar la supervivencia y el mantenimiento de la Institución Monárquica.

El resumen de algunos de los hechos considerados es el siguiente:

-La mayoría de los apoyos a la Monarquía – los naturales y constantes, no los coyunturales – están en la derecha. El peligro para la Institución no está ahí, sino en la izquierda y el nacionalismo separatista, más partidarios de la República, durante la cual su fuerza y sus privilegios fueron mayores.

-Una hija que ha emparentado con lo más granado del nacionalismo vasco, vivido en Barcelona y trabajado para La Caixa, el Banco Nacional de Cataluña y esforzado adalid de la lucha del catalanismo por lograr el dominio de la industria energética española – una forma de colonización -.

-El heredero casado con una mujer de neta inclinación a la izquierda que cultiva relacionándose con relevantes personajes de esa cultura, como Sabina y Ramoncín.

-El “hablando se entiende la gente” que tanto satisfizo a los Carod Rovira y a los zapateristas.

-La declaración del Rey respaldando el intento de conseguir el final dialogado del terrorismo – “off the record”, lo que la hacía mas sentida y creíble -, según la cual “hay que intentarlo y si se consigue, se consigue”, matizada con la constatación de diferencias entre la situación de Irlanda del Norte y la de España, para que sonara menos a penalti injusto en el último minuto – a punto de comenzar la campaña electoral – de árbitro manifiestamente parcial.

-La presencia de los Reyes en la apertura de curso, el pasado año, en un colegio balear donde los padres no tienen derecho a que sus hijos sean enseñados en español como lengua vehicular, que incluso se persigue en el patio.

-La habitual frialdad del Rey en su trato con los políticos del Partido Popular –con especial sequedad y desapego en el caso de Aznar-, en contraposición con la campechana cercanía con la que se manifiesta con los políticos socialistas y que ha llegado al máximo con Zapatero, el más declarado y ferviente republicano de todos, con el que por primera vez ha roto la prudente y lógica norma de no alabar a un Presidente del Gobierno en ejercicio, cuando dijo el pasado año –en la entrega del premio Cervantes, en la Universidad de Alcalá de Henares- que Zapatero “no divaga, es muy recto. La gente cree que hace cosas así….., como divagando, pero no hay nada de eso. El sabe muy bien hacia qué dirección va y porqué y para qué hace las cosas. Tiene profundas convicciones. Es un ser humano íntegro”.

Me pregunto si es real –de realidad, no de realeza- esta fascinación del monarca por el republicanismo y su más destacado representante o si la verdad es que Zapatero es quien más temor le produce, quien representa un mayor peligro para la Monarquía, por varias razones vulnerable, por ejemplo, por algunas de las peligrosas amistades del Rey –Prado y Colón de Carvajal, los Albertos….-.

Chateaubriand, aquel viajero, escritor y político francés que debía conocer bien a los Borbones, dado su trato y cercanía con ellos, llegó a decir: “La ingratitud es privilegio de reyes, pero los Borbones exageran”. Parece obvio que acertó con el que ahora ostenta la Corona en España.

Consecuentemente con todo lo anterior, con el debido respeto a la Institución y con menor y decreciente respeto a quien la encarna, me permito declararme “ex monárquico”.